El sábado, por mayoría absoluta, los diputados destituyeron a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General.
El Salvador ha recorrido un largo y difícil camino para lograr construir una democracia que espera consolidarse. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, las elecciones para presidentes, alcaldes y asamblea legislativa han sucedido con regularidad y en muy pocas circunstancias se han declarado dudas sobre su legitimidad. Sin embargo, no siempre los funcionarios, una vez elegidos, han respondido a las necesidades y esperanzas de quienes los eligieron. Ejemplo de ello es el tortuoso camino que ha recorrido la Ley de Aguas, para ser aprobada y dotada de un carácter constitucional.
A finales del mes de enero pasado, un grupo de instituciones de la sociedad civil agrupadas en la Plataforma de compromiso por la Defensa de la Democracia y la República, propusieron a los entonces candidatos a diputados una serie de compromisos que resumimos: cumplir mandato constitucional, cero tolerancia a la corrupción en el Estado, transparencia en la elección de funcionarios públicos, cumplir la Constitución, fortalecer la auditoría del Estado y reformar la Ley de Partidos Políticos. Según la agrupación, éstas son necesidades muy sentidas por la población salvadoreña.
Las primeras acciones
La nueva Asamblea Legislativa salvadoreña, entre sus primeras acciones después de haber tomado posesión, aprobó la destitución de los jueces titulares y suplentes de la Sala Constitucional. En la misma sesión, poco tiempo después, se presentó otra moción para destituir al Fiscal General, Raúl Melara, la cual fue aprobada por mayoría absoluta. Momentos después se procedió a elegir a los nuevos funcionarios que ocuparán los cargos dejados por los destituidos.
Antecedentes
El 9 de febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele llegó al local de la Asamblea Legislativa apoyado por miembros del ejército y de la policía para presionar la aprobación de unos préstamos y acusó a los diputados de entonces, de querer bloquearle los fondos para el plan de seguridad. Desde entonces, han sido numerosos los cuestionamientos y desencuentros entre el Ejecutivo, la Asamblea y la Corte Suprema.
El pronunciamiento de la UCA
Mediante un comunicado publicado el 1 de mayo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) “condena el irrespeto a la ley por parte de la nueva Asamblea Legislativa en su acción de destituir y reemplazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues dinamita la independencia de los poderes del Estado, propia de una democracia”.
El mensaje señala la ilegalidad de la acción emprendida por los nuevos diputados:
“Según el ordenamiento jurídico nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden ser destituidos, pero solo por las causas específicas establecidas en la ley. Las razones esgrimidas en la pieza de correspondencia presentada este día no son coherentes con lo dispuesto en la legislación; por lo tanto, son ilegales e inconstitucionales”.
La UCA recuerda que la no coincidencia de entre lo dicho y deseado por la Sala de lo Constitucional y el Ejecutivo no se resuelve con una destitución, pues ésta aleja a la sociedad salvadoreña de la vivencia democrática.
El comunicado finaliza: “En esta hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia, la UCA llama a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir “no” al poder no sea una quimera”.
Otras voces
La agencia EFE informó la mañana de hoy: Estados Unidos supeditó este sábado la posibilidad de una "relación fuerte" con El Salvador a que el Gobierno de ese país apoye la separación de poderes y sostenga las normas democráticas.
Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, quien aseguró que desde Washington ven "con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador".
"Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso", complementó la funcionaria.
