Hace dos años, Duque desactivó las protestas con una hábil maniobra negociadora, pero a la postre sólo postergó el malestar nacional. En la nueva crisis nadie sabe hasta dónde puede llegar la revuelta, que incluso fue capaz de hackear ayer las webs del Ejército colombiano.

Los documentos audiovisuales que muestran a jóvenes asesinados por policías y enfrentamientos de todo tipo han elevado el estado de alarma social y de enfado nacional, azuzado aún más tras la pandemia. El bloqueo de las vías y la violencia soterrada también dividen al país, una parte dispuesta a protestar por sus evidentes problemas (campesinos, taxistas, camioneros, estudiantes) y la otra asustada por el nivel de confrontación social.

“Esto no es un momento para divisiones, sino para estar unidos. Y que quede claro que no permitiremos las vías de hecho ni el vandalismo”, se defendió Duque, que tras la caída de Carrasquilla aparece en el punto de mira de parte de los manifestantes. El mandatario aseguró ayer que no “tolerará” abusos policiales a la vez que pedía apoyo para los agentes.

Todo ello sucede a falta de un año para las elecciones presidenciales y cuando el dirigente izquierdista Gustavo Petro, aliado de la revolución bolivariana, se mantiene primero en todas las encuestas. “Señor General Vargas (director de la Policía), como senador de la República, le exijo que detenga la represión que ejerce su fuerza. Están asesinando a la gente, han cometido masacres. Ordene el cese de la violencia para que Colombia pueda vivir en paz”, retó Petro con su habitual tono incendiario.

Los excesos policiales han obligado a la intervención de organismos internacionales, que han mostrado su repulsa, desde la Unión Europea hasta Naciones Unidas. El equipo de Michelle Bachelet, Alta Representante de la ONU para los Derechos Humanos, vivió una pesadilla al ser hostigado y atacado, incluso con disparos por un grupo de policías enfurecidos durante una de las protesta. “Mientras dábamos seguimiento a situación de derechos humanos en Cali no hubo disparos directos contra equipo de la ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”, precisó Juliette de Rivero, representante de Michelle Bachelet en Colombia, quien reclamó la investigación de la Fiscalía y de Procuraduría.

La Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias por 89 presuntas desapariciones cuando ya llevaba contabilizadas 19 muertes violentas y 800 heridos.

Las cifras gubernamentales también son contundentes: 515 detenidos de momento, de los que 47 son menores de edad y 18 venezolanos, cuya deportación inmediata exigió el alcalde de Cali. También se decomisaron 140 armas de fuego, de las que 110 son de fogueo, y 5.572 armas blancas.

Desde el primer día, Cali se convirtió en el epicentro de las protestas y de los disturbios, que Duque ha definido como “terrorismo de baja intensidad”. Entre medias de los bloqueos en las carreteras y las protestas pacíficas mayoritarias, las autoridades atribuyen a disidentes de las FARC y a bandas criminales los ataques contra la fuerza pública y el vandalismo, que ya se ha llevado por delante al menos medio centenar de estaciones del sistema de transporte local.

Medios de Cali suman más víctimas sólo en la capital del Valle del Cauca, incluido el joven Nicolás Guerrero, primo del alcalde Jorge Iván Ospina.

“Es el pico social de una pandemia de un año y medio en uno de los países más desiguales del mundo y que acaba de registrar 42% de pobreza, aupado por una cadena de errores del Gobierno, que, incomprensiblemente, decide presentar una reforma tributaria dura con la clase media y complaciente con los más ricos. Sin el apoyo de un solo partido político y advertido del malestar social, el Gobierno la mantiene. A la protesta pacífica y justificada después se suman dos expresiones, el vandalismo y los excesos policiales, en un movimiento atroz coreado por políticos cazando votos y retweets y la desinformación en todas las direcciones que inunda las redes”, sentenció para LA NACION, el analista Felipe Rey Salamanca.

Pese a la intensa actividad de los políticos, fue Shakira quien se convirtió en trending por uno de sus comentarios, en el que consideró inaceptable que “una madre pierda a su único hijo” y donde criticó al gobierno por la violación de derechos humanos: “Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre”.