El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló en un comunicado que “como parte de nuestro esfuerzo por ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad”.

El funcionario destaca que “con demasiada frecuencia, estas mejoras tropiezan con los obstáculos de la corrupción y la impunidad. La mala gobernanza socava los talentos y recursos de los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, socavando su capacidad para construir un futuro y motivando a algunos a abandonar sus hogares y embarcarse en el peligroso camino de la migración irregular hacia la frontera de Estados Unidos”.

Como se describe en la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración, anunciada por la vicepresidenta Kámala Harris, el 29 de julio: “Los desafíos de la gobernanza, incluida la corrupción generalizada, socavan el progreso en las oportunidades económicas, la protección de los derechos humanos y la seguridad civil. Las empresas privadas citan la corrupción como un impedimento para la inversión”.

El comunicado agrega que “Las débiles instituciones democráticas, sumadas a una impunidad desenfrenada, han reducido la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y la independencia de los sistemas judiciales”.

El funcionario destaca que “las elecciones cuestionadas y la opacidad de la toma de decisiones por parte del gobierno han llevado a la violencia. Nuestra intención es apoyar a los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos de la región que están comprometidos con generar esperanza y oportunidades entre las personas de Centroamérica mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la transparencia”.

El secretario Blinken anunció que: “Para avanzar en esta lucha contra la corrupción, hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sobre la emisión de visas al gobierno actual o anterior de Guatemala, Honduras o El Salvador, funcionarios y otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el estado de derecho”.

Según se informó, esto puede incluir actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticos, tales como atentar contra la integridad e independencia del sector judicial y los fiscales anticorrupción.

A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de su familia, se les puede negar una visa. Con estas restricciones, Estados Unidos pretende enviar un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en los Estados Unidos.

Esta política complementa otras que Estados Unidos está utilizando y que asegura buscan apoyar los esfuerzos del pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para promover la rendición de cuentas por la corrupción, la impunidad y los ataques a la democracia.