Un sacerdote católico ha sido asesinado violentamente en la localidad francesa de Saint-Laurent-sur-Sèvre, al oeste del país. Las autoridades investigan a una persona de nacionalidad ruandesa, acogida por la comunidad católica de esta pequeña localidad y que también podría estar relacionada con el incendio de la catedral de Nantes en 2020.

La víctima es el religioso Olivier Maire, de 60 años, que oficiaba en la comunidad consagrada de Monfortianos de la localidad Saint-Laurent-sur-Sèvre, a pocos kilómetros de Mortagne-sur-Sèvre, donde el presunto asesino se presentó ante una brigada de la Gendarmería para confesar.

El párroco había acogido desde hace unos meses en el seno de la comunidad a Emmanuel A., un hombre ruandés de 40 años. Las autoridades investigan las motivaciones del presunto ataque y la manera en la que se ejecutó.

La diócesis y la Gendarmería locales han confirmado los hechos. El sospechoso del asesinato, quien ha acudido a la comisaría de Mortagne-sur-Sèvre para confesar, podría estar involucrado en el incendio provocado en la catedral de Nantes en julio del año pasado, según ha confirmado la presidenta de la Vendée, Christelle Morançais, en su cuenta de Twitter.

El presunto asesino ha sido identificado y permanecía bajo control judicial después de haber estado arrestado temporalmente por su relación con el fuego en la basílica de Nantes. Allí había ejercido como monaguillo y, cuando ocurrieron los hechos, había mostrado su inquietud por no ser regularizado.

"No tenemos un móvil terrorista" en este momento, ha dicho a la prensa el fiscal adjunto de La Roche-sur-Yon, quien ha confirmado que la muerte del párroco se investiga como "homicidio voluntario". No obstante, las pesquisas siguen centradas en Emmanuel A.

El suceso provoca críticas a la Justicia
El asesinato del párroco ha provocado las críticas hacia la Justicia, pues el sospechoso del ataque no podía ser expulsado del país por estar bajo control judicial por el incendio de la catedral de Nantes. "No podemos ejecutar una demanda de expulsión del sospechoso que estaba bajo control judicial antes de ser juzgado", ha explicado ante la prensa el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

El acusado, con problemas psiquiátricos, había estado en prisión provisional hasta el 31 de mayo, cuando le acogió el párroco. Entre medias, el hombre había sido puesto bajo control judicial a la espera de ser juzgado -que le permitía una restringida libertad de movimientos- y llegó a pasar un mes en un hospital psiquiátrico (entre junio y julio).

En el pasado, el ruandés había mostrado su angustia por el rechazo de su demanda de asilo. En 2016 y 2017, las autoridades había determinado su expulsión de Francia, suspendidas ambas por un tribunal administrativo. La tercera notificación de expulsión, de 2019, fue "no ejecutable" por el control judicial al que estaba sometido.

"Esta persona no estaba fichada por radicalización. No es un momento para polemizar y sí para las condolencias", ha pedido Darmanin, que nada más conocerse los hechos se ha pronunciado en Twitter: "Todo mi apoyo a los católicos de nuestro país después del dramáticos asesinato de un cura en Vandee".

Sin embargo, la ultraderecha y los conservadores se han apresurado en criticar "el laxismo" del Gobierno y la lentitud de la Justicia. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen ha lamentado que este sospechoso haya podido "reincidir" sin antes ser expulsado del país. "Lo que está sucediendo en nuestro país es de una gravedad sin precedentes: es el fracaso completo del Estado", ha criticado en Twitter.

Darmanin, aludido en este mensaje, ha respondido en esta misma red social a la "indignidad" de Le Pen, a la que ha afeado que en lugar de dar el pésame opte por polemizar "sin conocer los hechos". El ministro ha explicado que no se podía deportar al sospechoso pese a tener una orden pendiente, ya que sobre él pesaba un control judicial.