Incluye la vicepresidenta Rosario María Murillo Zambrana, en línea con una decisión de la Unión Europea (UE).
La medida se produce en un momento de aislamiento internacional del Gobierno del presidente Daniel Ortega, al que se acusa de reprimir a sus oponentes y a los medios críticos en el país centroamericano que gobierna desde que regresó al poder hace 15 años.
En total, ocho personas han sido agregadas a la lista de sanciones de Suiza, tal como lo hizo la UE el 30 de julio de 2021. Esto incluye a Murillo, quien también es esposa del presidente Ortega, y a su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, informó este viernes la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO).
También en línea con la UE, Suiza había impuesto sanciones a seis personas en el país centroamericano en junio de 2020, todas ellas vinculadas con el presidente Ortega.
Preocupaciones de Suiza y la UE
“La razón de esa decisión es que Suiza comparte las preocupaciones de la UE sobre las continuas violaciones de la democracia de derechos humanos y el Estado de derecho en Nicaragua”, dijo una portavoz de SECO a SWI swissinfo.ch por correo electrónico.
“Estas razones todavía se aplican hoy. Por ello, Suiza se está alineando también con la modificación más reciente de la lista de sanciones de la UE”.
Las sanciones, financieras y de viaje, entran en vigor a las 18:00 horas de Suiza, este viernes, precisó la SECO.
Madre e hijo
Murillo, también líder de la Juventud Sandinista, fue fundamental para alentar y justificar una represión policial contra la oposición en 2018, dijo la SECO en un documento sobre las sanciones. También amenazó a la oposición y desacreditó a los periodistas independientes en julio de este año.
En cuanto a Ortega Murillo, dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país, y es el líder del movimiento la 4º de Mayo Sandinista. Su cargo ha contribuido a la restricción de la libertad de expresión y de prensa, según SECO.
Las otras personas concernidas tienen altos cargos en los sectores político, judicial o policial del país.
“Las medidas adoptadas están dirigidas a personas específicamente designadas y no contra el pueblo de Nicaragua en su conjunto. Por lo tanto, no tienen impacto en la población civil de Nicaragua”, enfatizó la vocera de SECO.
