Familiares y defensores de derechos humanos denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante una audiencia pública de supervisión, que el Estado de Nicaragua “no ha cumplido” con las medidas provisionales otorgadas por ese tribunal en favor de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Tamara Dávila, José Adán Aguerri y Violeta Granera  y por el contrario los acusó de diversos delitos sin darles acceso a la debida defensa.

La Corte IDH había ordenado al Estado de Nicaragua la “inmediata” liberación de los cinco beneficiarios de las medidas provisionales. Adicionalmente, se le había solicitado que adoptara medidas para proteger eficazmente sus vidas, su integridad personal y de la de sus núcleos familiares. Sin embargo, la respuesta estatal hasta ahora fue remitir acusación formal contra los cinco beneficiarios por delitos de “conspiración”, esto sin que la defensa elegida por sus familiares tuviera acceso.

La comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora de país para Nicaragua, denunció ante la Corte IDH que el Estado de Nicaragua “no ha cumplido” con ninguna de las medidas otorgadas por ese tribunal, señalando que “las personas beneficiarias continúan privadas de su libertad, en condiciones iguales o peores que las que motivaron el otorgamiento de medidas de protección”.

Señaló además que el Estado de Nicaragua “no ha proporcionado ninguna información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero exacto, ni de las medidas tomadas para proteger sus derechos en riesgo; al contrario, ha persistido en su detención y en la total incomunicación de estas personas, lo que incluye la incomunicación con sus familiares y representantes legales”.

La abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), indicó que la condición actual de incomunicación y falta de conocimiento del paradero de los cinco beneficiarios cumple con todas las características de “desapariciones forzadas”. Además, expresó que es “preocupante” la condición de salud en la que puedan encontrarse los beneficiarios, puesto que “la mayoría padece de enfermedades crónicas y adquiridas durante el encierro”.

La jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte IDH, que fue la encargada de presidir la audiencia, informó de la ausencia del Estado de Nicaragua, lamentando su “no comparecencia”.

El Cenidh señaló que esa ausencia “reafirma el incumplimiento de estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y situación de las personas beneficiarias”.

Familiares piden “una prueba de vida”

Los parientes de los cinco presos políticos expresaron ante la Corte su preocupación por la condición física, mental, de salud, en la que se puedan encontrar sus familiares encarcelados.  Bertha Valle, esposa de Félix Maradiaga, en medio de lágrimas, solicitó a la Corte IDH que demande al Estado de Nicaragua que dé “una prueba de vida”, pues en estos más de dos meses que tienen encarcelados no han podido verlos, no les dan información de sus condiciones de salud, no les dejan pasar medicinas y solo les reciben agua en sus tres tiempos de comida.

Carolina Jackson, hija de José Adán Aguerri, solicitó que “muestren” a su padre y a los demás presos políticos, encarcelados en los últimos tres meses, puesto que desde que fue detenido “no sabemos nada de él, tememos por su salud”.

Mientras, Javier Hidalgo, hermano de Tamara Dávila, afirmó que como familiares viven una constante zozobra sobre la condición de sus presos políticos. El hombre relató que la hija de Dávila ha tenido episodios ansiosos e incluso ha llegado a preguntar “si su mamá está muerta” porque no la ha podido ver.

Julio Sandino, hijo de Violeta Granera que se encuentra en el exilio por las constantes amenazas de muerte en su contra, denunció las condiciones de salud de su madre, aunque no la dejan ver, los “alarma”, ya que la Policía les ha solicitado “ansiolíticos” y temen que se deba al agravamiento de su salud.

“Queremos ver a nuestra madre, saber cómo está y dónde está, que se respeten sus derechos humanos”, demandó.

Solicitan ingreso de la CIDH en Nicaragua

La comisionada Urrejola solicitó a la Corte IDH que “reitere al Estado de Nicaragua su deber de implementar las medidas en todos los términos establecidos por la Corte”. Además, le pidió que se pronuncie “sobre el pedido de la Comisión de requerir al Estado que permita que, tanto una delegación de la Comisión como de la Corte IDH,  puedan ingresar al territorio en Nicaragua, para que puedan constatar la implementación de las presentes medidas y buscar su efectividad”.

En consonancia, Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad, solicitó a la Corte IDH que “emita una resolución donde se señale la falta de implementación de las medidas, reconozca la detención y desaparición forzada de las personas beneficiadas, ordenando nuevamente al Estado su libertad inmediata”.

También solicitó que, en tanto son liberadas las personas beneficiarias, se solicite al Estado que “informe sobre el estado de salud y las condiciones en las que se encuentran; ponga fin a la incomunicación, garantizando visitas a sus representantes y visitas de sus familiares; y garantice el acceso a los expedientes judiciales”.

Quesada destacó la importancia de que se demande que el Estado garantice “el respeto al derecho de la vida, la integridad personal, la salud física y mental de los beneficiarios de dichas medidas”.

Manifestación en las afueras de la Corte IDH

Mientras se desarrollaba la audiencia virtual de la Corte IDH, sobre el cumplimiento de las medidas otorgadas a los cinco presos políticos, un grupo de exiliados nicaragüenses se manifestaron en las afueras de la sede de ese tribunal en San José, Costa Rica, exigiendo libertad para todas las personas que el régimen de Daniel Ortega mantiene injusta y arbitrariamente encarceladas en las diferentes cárceles del país.

Hansel Vásquez, excarcelado político del régimen de Daniel Ortega, indicó que se manifestaban en conocimiento de esta evaluación que hace la Corte IDH, puesto que consideran que “es importante decirle al mundo, decirle a esta Corte, que Ortega es culpable de todos los delitos de los que se le acusa, de la prisión arbitraria de tantos nicaragüenses, de la tortura, por lo que, es importante que tomen cartas en el asunto”.

Maryorit Duarte, integrante de la Unidad Nacional Azul Blanco (UNAB), afirmó que se manifestaba en demanda de “la liberación de todos los presos políticos”. Además, explicó que eligieron la sede de la Corte IDH para “ejercer presión en esas demandas de libertad y levantar la voz por nuestros hermanos que están secuestrados por parte de la dictadura” Ortega-Murillo.