El decreto 9-2021, firmado por el presidente Alejandro Giammattei, el vicepresidente Guillermo Castillo, ministros y viceministros de Estado, regirá por 30 días, aunque tendrá que ser conocido por el Congreso de la República en un plazo de tres días, para que lo ratifique, modifique o impruebe.

Para tal fin, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, convocó a sesión para este lunes 25 de octubre.

Con el decreto se restringen varios derechos constitucionales, incluidos libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, reunión y manifestación y tenencia y portación de armas. También se establece toque de queda en El Estor entre las 18 y las 6 horas.

Fuerzas de seguridad

En el primer día de vigencia del estado de Sitio, cientos de policías y militares se desplegaron en El Estor, un día después de que la Policía disolviera los bloqueos. El ambiente era de tensa calma.

Unos 500 soldados y 350 policías se abrían paso, en camiones, patrullas e incluso en vehículos blindados, por las calles del caluroso poblado queqchí, ubicado 315 kilómetros al noreste de la capital. Algunos vecinos solo miraban, tratando de llevar su vida normal.

En tanto el Ministerio Público (MP) inició el domingo por la tarde cinco diligencias de allanamiento en el municipio.

Los manifestantes se oponen al funcionamiento del proyecto minero Fénix, cuya licencia está suspendida desde febrero del 2021, cuando el Ministerio de Energía y Minas cumplió una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida hacía un año. Los comunitarios exigen ser tomados en cuenta en la preconsulta por la licencia minera.

En contra

Diversas organizaciones, incluida la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odhag) y otras, denunciaron públicamente el uso excesivo de la fuerza para desalojarlos, en operativos que tuvieron lugar  viernes y sábado.

En la capital, integrantes de la Alianza Política Sector de Mujeres expresaron su rechazo por las medidas implementadas por el Gobierno, no solo por el desalojo, sino por la imposición del estado de Sitio en El Estor, una medida que calificaron de “extrema y desproporcionada” contra la mencionada población.

Refirieron que ese despliegue de seguridad tiene el fin de que los camiones de las empresas tengan paso libre, aunque la licencia está suspendida.

“Este estado de Sitio obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería”, coincidió Abelino Chub, uno de los líderes indígenas que se opone a la explotación minera en El Estor, recogió la agencia de noticias AFP.

Chub responsabilizó de las lesiones que sufrieron agentes policiales en los enfrentamientos de viernes y sábado a “infiltrados”.

En el Congreso, las bancadas Winaq, Semilla y Movimiento para la Liberación de los Pueblos dijeron oponerse a la medida.

Apoyan a minera

Sin embargo, afuera de las instalaciones donde Alianza Política ofrecía su conferencia de prensa, un grupo de personas llegó a manifestar en favor de la empresa minera. Los manifestantes aseguraron que quienes se oponen al funcionamiento de la mina es un grupo pequeño.

Juan José Espinoza, empresario de Asociación de Proveedores de Servicios de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, dijo que hay confusión en la información, porque la licencia suspendida es la del proyecto Fénix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), pero que los proveedores no hacen extracciones mineras y que prestan servicio también a otros proyectos.

Pobladores del área urbana de El Estor aseguraron que su economía se vio afectada durante los bloqueos. Fidel Choc, alcalde auxiliar del consejo comunitario de desarrollo de Barrio Nuevo, comentó que los promotores de las “revueltas” provienen del sur del municipio, y que “son manipulados”.

Respeto a la ley

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, dijo que este lunes ofrecerían una postura.

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala condenó los hechos violentos de “grupos armados” que “han herido a las fuerzas de seguridad y pobladores” de El Estor, y expuso que las medidas adoptadas por el Gobierno son “necesarias para restablecer el orden público y devolver la tranquilidad a los habitantes”.

Entretanto, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala, dijo que es una facultad del Ejecutivo emitir un estado de Sitio, y que este debe ser conocido y ratificado por el Congreso.

La ejecutiva dijo que más allá de un estado de Sitio lo que debe funcionar es el imperio de la Ley y la observancia irrestricta de la Ley por parte de toda la sociedad, que incluye ciudadanos y autoridades, además que  “no debemos seguir tolerando que se cometan delitos recurrentes y que queden en la impunidad”. El “Ministerio Público debe investigar y quienes cometen delitos, ya sea en la ciudad de Guatemala, o en El Estor o en San Marcos, deben ser procesados y en el marco del debido proceso, enfrentar la justicia”, expuso.

En resumen, agregó, es necesario que la presencia de las autoridades de seguridad y justicia en esas áreas debe aumentar y ser permanente.

Área en el olvido

Ronaldo Leiva, consultor en temas de seguridad, expresó que la ausencia de un Estado que responda a las necesidades de los pobladores ha derivado en conflictividad, por la situación económica y democrática del área; además, porque se ha convertido en corredor de la droga.

Señaló que los problemas y estados de excepción son recurrentes no solo en El Estor sino en varios municipios de Izabal, ya que hay una tendencia que se junte casi de todo tipo de acciones porque es un departamento muy rico en recursos, pero con mucha población en pobreza y con muchas carencias.

“Hay muchos problemas que van desde aprovechamiento de los recursos, descontento, problemas de delincuencia común hasta el crimen organizado” o incluso, dijo, de minería ilegal, aparte de los problemas de las comunidades con muchas carencias porque no llegan los servicios de educación y de salud o llegan de forma deficiente por lo que no se logra una región desarrollada.

Agregó que los problemas son históricos pero esos temas mencionados “hacen que los conflictos se aviven, como se han avivado en los últimos 5 años”.

Contantes estados de Excepción en Izabal

La Constitución Política contempla que hay cinco estados de Excepción que se pueden implementar en el país: de prevención; de alarma; de calamidad pública; de sitio; y de guerra.

En Izabal la implementación de algunos de estos ha sido constante, se pueden mencionar algunos en años recientes pero la región no logra una solución a los problemas:

• El 4 de septiembre del 2019, el gobierno de Jimmy Morales declaró estado de Sitio en El Estor y el resto de Izabal, luego de la muerte violenta de varios soldados en ese lugar. La medida abarcó 22 municipios de seis departamentos como Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz y Petén.
• El 2 de octubre del 2019 Morales amplió del estado de Sitio y agregó los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá.
• El 10 de octubre del 2019 estos dos últimos quedaron excluidos de la prórroga pero se incluyó a las zonas portuarias de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla.
• El 19 de julio del 2020, el presidente Alejandro Giammattei declaró estado de Sitio en los municipios de El Estor, Morales y Lívingston, Izabal; y en Panzós y Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz, argumentó la presencia de grupos armados en la región que atacaron a las fuerzas de seguridad y provocan violencia. El Congreso no lo conoció quedó sin efecto.
• El 27 de julio de 2020 el Ejecutivo declara estado de Prevención por quince días en esos cinco municipios luego de que el Congreso no ratificó el estado de Sitio. Posteriormente lo amplío por otro plazo de 15 días.
• El 2 de octubre 2020 decretó estado de Prevención en los departamentos donde se movilizaban miles de hondureños en caravana incluyó Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso. Se agregó que al violentar la frontera en el contexto de la pandemia eran riesgo para la salud.
• 14 enero 2021 se declaró estado de Prevención en siete departamentos por el plazo del 14 al 28 de enero debido a la posible llegada de caravanas de migrantes de Honduras.
• El 30 marzo del 2021, el gobierno decretó estado de Prevención en Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén, por 15 días para atender el inminente paso de una nueva caravana migratoria.
• 24 de octubre del 2021, se decreta nuevo estado de Sitio en El Estoy, ahora por enfrentamientos entre comunidades que rechazan la minería y las fuerzas de seguridad.