El conocido como 'estafador del amor', Albert Cavallé, ha sido juzgado este jueves de nuevo por supuestamente haber obtenido ilícitamente miles de euros de una expareja engañándola, como ya hizo con otras mujeres y ya fue condenado. Esta vez el juicio ha sido en la Audiencia de Barcelona, a causa del alto importe defraudado. Las penas a las que se enfrentaba, hasta ocho años y medio de prisión, las pedía la fiscalía inicialmente, aunque al final ha rebajado la petición a tres años y medio. 

En esta ocasión, el conocido estafador se habría quedado más de 50.000 euros de una mujer durante el primer semestre de 2016 con créditos y gastos con tarjeta bancaria haciéndose pasar por ella en diversas ocasiones y diciéndole que tenía problemas económicos.

Según la fiscalía y la versión que ha ratificado la víctima, el acusado inició la relación sentimental con ella en diciembre de 2015 con "la única finalidad de ganarse su afecto y credibilidad para obtener el mayor beneficio económico posible a costa de ella". En enero de 2016 explicó a su pareja que se encontraba en una mala situación económica porque la empresa familiar de su padre estaba embargada y no podía disponer del dinero de las cuentas corrientes porque estaban bloqueados, "algo totalmente falso". 

También hizo creer a la mujer que disponía de un gran patrimonio y que le devolvería todo el dinero que le dejase en poco tiempo, "a pesar de saber que en ningún momento devolvería la cantidad". De hecho, dijo a la mujer que si no pagaba las deudas iría a prisión o incluso tendría que pedir dinero a prestamistas, que irían a cobrarle a casa de la mujer o a sus parientes.

La mujer se creyó al acusado y firmó diversos préstamos bancarios. El dinero acababa en manos del acusado mediante reintegros, transferencias bancarias que él mismo hacía en su cuenta o entregas en metálico que le hacía la mujer.

En concreto, durante el primer semestre de 2016 la mujer suscribió préstamos,  pidió tarjetas de crédito y realizó reintegros a favor del acusado por valor de unos 25.000 euros, en ocho operaciones, que le comportaban tener que devolver más de 30.000 euros contando los intereses. Además, entre enero y julio de 2016 el acusado se transfirió cerca de 18.000 euros de las cuentas de la mujer a la suya mediante 30 operaciones.

Por otra parte, el acusado usó la documentación de la mujer sin su consentimiento y pidió diversos préstamos a través de internet usando su DNI y otros datos personales. En cinco operaciones llegó a solicitar o gastar más de 4.300 euros, que comportaron un coste de cerca de 5.200 euros. Una entidad financiera llevó a juicio a la mujer para reclamarle 6.700 euros y fue condenada a pagar 4.900 euros.

Por último, el hombre se apropió de diversos bienes que la mujer le había dejado temporalmente. En concreto, vendió por Wallapop por 400 euros un móvil de 720 euros que había comprado la mujer. También se quedó un ordenador portátil de 485 euros y un televisor de 43 pulgadas de 550 euros.

El 29 de mayo de 2016 el acusado firmó un documento de reconocimiento de deuda por importe de 60.000 euros, comprometiéndose a devolver 3.000 euros al mes a partir del septiembre, pero no pagó ni un euro. De hecho, en septiembre fue a los Mossos d'Esquadra para denunciar que la mujer había cambiado el paño de la puerta de su casa, donde supuestamente convivían. 

Explicó que quedó con la mujer en otro lugar y esta le dijo que tenía que devolverle 60.000 euros. Por la calle, tres amigos de la mujer le habrían rodeado y obligado a firmar diversos documentos, entre los que figuraba un contrato de compra-venta por el que ponía el coche a nombre de la denunciante. También relató que lo habían introducido en un coche, le habían quitado la cartera y le habían amenazado de muerte si lo denunciaba a la policía. Por este hecho fue juzgado por denuncia falsa y condenado a una multa.

En abril de 2017, el hombre pidió un préstamo personal de 32.150 euros con vencimiento en mayo de 2023 por un importe total de 44.000 euros y figurando su padre como avalador.

La mujer sufrió un trastorno adaptativo de ansiedad y un trastorno depresivo persistente, por los que se tuvo que medicar y seguir psicoterapia.

Por todo esto, la fiscalía lo acusaba inicialmente de un delito continuado de estafa con abuso de relaciones personales y de un delito continuado de apropiación indebida, y le pedía ocho años y medio de prisión, inhabilitación durante 13 años para ejercer una profesión relacionada con el control de dinero, una multa de 2.880 euros y una indemnización de 53.595 euros para la víctima por los trastornos causados y los préstamos concedidos a su nombre. No obstante, al final del juicio ha rebajado la petición a tres años y medio de prisión, manteniendo la indemnización, porque solo lo acusa por un delito de estafa continuada sin agravante.

La defensa ha pedido la absolución de su cliente por falta de pruebas y por la exención penal, aunque no civil, que prevé el Código Penal por los daños patrimoniales causados entre familiares si no ha habido violencia, intimidación o abuso por razón de edad o discapacidad. Además, ha anunciado que denunciará a la víctima por un delito contra la intimidad por haber seguido usando un móvil del acusado en el que había datos y documentos privados.