El Gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del canciller Denis Moncada, informó este viernes, que decidieron desvincular a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerar a este organismo político como «injerencista».

«Comunicamos a ustedes, al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que hoy viernes 19 de noviembre, a las ocho de la mañana, enviamos al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), comunicación denunciando la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA, nos estamos desligando de la Organización de los Estados Americanos», afirmó Moncada ante medios de comunicación oficialistas.

El Gobierno envió una carta a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la que le plantean que este organismo político internacional ha emitido una reciente declaración que consideran injerencista en los asuntos internos de Nicaragua.

«Escucharon solicitudes»

Para tomar dicha decisión Moncada detalló que escucharon las peticiones de la bancada de diputados nicaragüenses ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), quienes instaron al presidente Daniel Ortega a que denunciara la Carta de la OEA.

También mencionó que tomaron en cuenta el artículo 129 de la Constitución Política que dispone que los poderes legislativos, ejecutivo, judicial y electoral son independientes entre sí y se coordinan.

«Nicaragua promueve y defiende el respeto de los principios que rigen el derecho internacional, el cumplimiento de las cartas de las Naciones Unidas, sus principios y propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas; principio que la OEA está obligada a cumplir, pero irresponsablemente los desconoce», cuestionó Moncada.

No obstante, el Gobierno en Nicaragua mantiene tras las rejas a más de 160 presos políticos, asedia y amenaza a opositores a través de oficiales de la Policía y sus simpatizantes; incluso prohíbe la salida del país a militantes de su partido político y a otras personas que considera «objetivo político».