Nicaragua enfrenta tiempos convulsos. En tan solo dos días cerraron varias universidades que participaron en las protestas en contra del presidente Daniel Ortega y condenaron a una líder de la oposición bajo cargos de traición a la patria, que fue calificado de tortura por un grupo de defensores a los derechos humanos. A su vez, se elevó el número de presos políticos en el país.

La Universidad Politécnica, bastión de las protestas contra Ortega

La Universidad Politécnica de Nicaragua, mejor conocida como Upoli, que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes en el marco de las protestas en contra de Ortega en abril de 2018, sufrió ayer la cancelación de su licencia de operación. La solicitud de cierre de la Upoli fue hecha por el Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, que es controlada por los sandinistas y sus aliados.

Adicionalmente, cancelaron la licencia a otras cuatro universidades, así como a once ONGs. El cierre fue aplicado porque presuntamente las instituciones involucradas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”, según los motivos expuestos en el decreto.

En la Upoli, una universidad subvencionada por el Estado, durante las protestas, decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos. De hecho, fue el primer centro de estudios en el que los estudiantes se escondieron durante las marchas en contra del gobierno de Ortega, el 19 de abril de 2018.

Por su parte, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, órgano rector de la educación superior nicaragüense, informó mediante una declaración que garantizará la continuidad académica a los estudiantes de las cinco universidades a las que la Asamblea Legislativa les retiró su licencia de operación.

Asimismo, el Ministerio de Gobernación también canceló los registros de tres ONGs estadounidenses y tres europeas.

Tortura a Opositores

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, indicó que el juicio contra la dirigente opositora Ana Margarita Vijil fue una “sesión de tortura”. Este proceso judicial se llevó a cabo en una cárcel policial a las afueras de Managua. Según este organismo humanitario, “las abogadas defensoras están incomunicadas y les quitaron sus libretas con apuntes, es decir, tendrán que ejercer la defensa con lo que saben del caso”.