EE.UU. solicitó a Honduras la detención del expresidente Juan Orlando Hernández, que estuvo al frente de la nación centroamericana entre 2014 y 2022, para su eventual extradición a territorio estadounidense.
El Ministerio de Exteriores de Honduras informó el lunes, a través de Twitter, que notificó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que la Embajada de EE.UU. solicitó formalmente el "arresto provisional de un político hondureño" con el objetivo de su extradición, aunque no reveló la identidad. Más tarde, el vicepresidente hondureño, Salvador Nasralla, confirmó que se trataba de Hernández.
Tras esta notificación, el presidente de la CSJ convocó "de manera urgente" a un pleno de magistrados, que se realizará este martes, a las 9:30 de la mañana (hora local), para designar a un "juez natural" que conocerá su caso.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, confirmó en una entrevista a Noticieros Hoy Mismo que el expresidente se encuentra en su casa, ubicada en la colonia San Ignacio, en Tegucigalpa, junto a su familia y abogados. Además, ratificó que a Hernández se le imputan cuatro delitos, entre ellos, "introducción de droga y armas a EE.UU." y "asociación para delinquir".
Sabillón negó que Hernández hubiera sido detenido y afirmo que debía esperarse la decisión que "emanarán los tribunales de Justicia". Del mismo modo, calificó como "vergüenza para el país" la solicitud de extradición contra el exmandatario.
El cuerpo de abogados de Hernández, representado por Hermes Ramírez y Félix Ávila, manifestó a través de un video, que circuló en las redes sociales, que espera las acciones que adopte el juez natural que nombrará este martes la CSJ y que hasta ese momento no existe una orden de captura contra el expresidente.
La residencia del exmandatario se mantiene con un fuerte cordón de funcionarios de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Al sitio también acudieron distintos medios de comunicación y algunos manifestantes que celebraron la decisión de extradición.
Hernández niega las acusaciones
La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, indicó que el exmandatario hondureño ha sido incluido en un listado de personas acusadas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Además, la Justicia estadounidense ha acusado al exmandatario de nexos con el narcotráfico. En marzo del 2021, su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue condenado a cadena perpetua en EE.UU. por delitos de narcotráfico.
Por su parte, el expresidente niega todos los cargos y alega que las acusaciones son una venganza impulsada por los capos de la droga que fueron capturados o extraditados a EE.UU. durante su mandato.
