Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidiera al estado peruano abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), su excarcelación se atrasará por lo menos hasta el 6 de abril, cuando el tribunal sesione y "la Corte Suprema (de Perú) decida si acatar o no".

A esto se suma la decisión de un tribunal peruano de prohíbir al expresidente la salida del país y hasta de la capital por 18 meses, para asegurar su presencia en el juicio oral en el que se le acusa de autor mediato del asesinato de seis campesinos cometido en 1992 por miembros de un escuadrón del ejército, conocido como Grupo Colina.

El crimen ocurrió en el marco de la guerra contra el terrorismo que emprendieron las fuerzas armadas contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista MRTA.

La controvertida excarcelación debido al indulto otorgado por la Justicia peruana, logró reunir a unos cuantos simpatizantes de Fujimori a protestar frente a la prisión de Barbadillo en la que el expresidente cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

"Esto se llama ya es un secuestro, y el señor Alberto Fujimori que tenemos acá en el corazón, el debe salir libre y, es más, no por un indulto humanitario sino por justicia", dijo una de las simpatizantes.

"Su libertad nos da paz porque sabemos que es un hombre inocente, que él no cometió ni un delito", agregó otro.

Según un comunicado, el tribunal regional ordenó a Perú no liberar a Fujimori para "garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas". Mientras tanto, Keiko Fujimori, hija del expresidente, se refirió a la decisión como una "maniobra perversa e inhumana".

Los familiares de las 25 víctimas de estos casos solicitaron medidas provisionales a la CorteIDH cuando el Tribunal Constitucional de Perú admitió un habeas corpus que restituyó el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017.