La Administración de Joe Biden impulsa un plan para invertir hasta 4.000 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) en cuatro años en Centroamérica para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y frenar así la emigración hacia Estados Unidos. Las ayudas, sin embargo, se supeditarán a la lucha contra la corrupción en los países beneficiados y, además, el plan prevé aportaciones directas a las ONG con idea de evitar que se desvíen recursos.
El hoy presidente de EE UU negoció una ley bipartidista en el Congreso que aumentó la inversión en Centroamérica y tuvo decenas de reuniones con los líderes de Honduras, Guatemala y El Salvador en busca de cooperación. Posó sonriente con los líderes de la región, pero seis años y varias crisis migratorias después, el demócrata afronta un desafío similar. Solo en febrero de este año, las agencias fronterizas aprehendieron a más de 100.400 migrantes, aunque la mayoría son devueltos inmediatamente a México por el cierre de la frontera impuesto por Donald Trump por la crisis del coronavirus y que la administración actual ha mantenido vigente.
Biden sigue creyendo que la solución al repunte en la llegada de menores no acompañados y familias centroamericanas pasa por mejorar las condiciones de vida en sus países de origen, pero con un mayor control de las ayudas. Washington tiene claro que el principal enemigo a enfrentar será la corrupción, un mal endémico en la región que, junto con los desastres naturales y la pandemia de coronavirus, ha empeorado la situación en los principales países emisores de familias migrantes a Estados Unidos. Y después de ver cómo la inversión aprobada con Obama de 2.600 millones de dólares anuales (unos 2.210 millones de euros) no repercutió en una mejora sustancial de las condiciones en esos lugares, esta vez el Gobierno se inclina por canalizar las ayudas a través de ONG y fortalecer los contrapoderes de la sociedad civil.
Para llevar a cabo el plan, el mismo día que llegó a la Casa Blanca en enero, el presidente mandó una propuesta al Congreso que contempla una inversión de 4.000 millones de dólares para un programa de cuatro años de ayudas a los tres países del norte de Centroamérica, que estarán “condicionadas a su capacidad para poner fin a la corrupción, violencia y la pobreza que hacen que la gente huya”. La tarea no será rápida ni fácil, y se abordará en medio de fuertes críticas a la Casa Blanca por el aumento de las llegadas a la frontera sur; críticas a las que los republicanos esperan sacar partido de cara a las elecciones legislativas de 2022.
Biden, que se ha comprometido a devolver la humanidad a la política migratoria de Estados Unidos y ha puesto fin a algunos de los programas de mano dura de la era Trump, está pidiendo a los centroamericanos paciencia mientras llega la ayuda e implementan un sistema para que puedan solicitar asilo y otro tipo de visados desde sus comunidades sin tener que hacer un peligroso camino como indocumentados.
“No será un trabajo fácil, pero es necesario”, escribió la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, después de que Biden la pusiera al frente de los esfuerzos diplomáticos con México, Guatemala, El Salvador y Honduras para abordar las causas fundamentales de la migración. Harris compartirá tarea con un equipo experimentado en la región, como es el caso de la exembajadora de México Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera sur; el asesor presidencial para la Seguridad en América Latina, Juan González, y el encargado de América Central, Ricardo Zúñiga, quienes también han adelantado que crearán una fuerza anticorrupción y buscarán generar gobernabilidad en alianza con los Gobiernos, instituciones y organizaciones civiles de la región que estén dispuestos a subirse a ese tren.
“El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos”, advirtió González en una entrevista con el medio digital salvadoreño El Faro. Por su parte, Zúñiga ha analizado la corrupción como uno de los principales lastres del desarrollo económico y de la inseguridad de Centroamérica, dos de las razones que impulsan la migración. “Los esfuerzos para lidiar con las inequidades se han ido a pique en gran parte por la arraigada resistencia a las reformas de grupos pequeños pero poderosos de actores políticos, económicos y (en algunos casos) criminales en cada uno de los tres países”, escribe el ahora responsable del Gobierno de Biden para el Triángulo Norte en un estudio publicado por el Wilson Center a finales del año pasado. “En esos tres países, hay gente que puede reformar [el sistema], pero necesita apoyo político”, continúa el informe al citar las comisiones contra la corrupción y la impunidad constituidas en Guatemala y Honduras, la CICIG y la MACCIH, y a las que los Gobiernos de esos países pusieron fin.
El Gobierno de Biden prevé acompañar la ayuda económica a Centroamérica de un esfuerzo diplomático para apoyar políticamente las reformas y a quienes las implementan y usar las herramientas a su disposición, como sanciones o retirada de visas para castigar a funcionarios corruptos. Adriana Beltrán, directora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), comenta a El PAÍS: “Tienes una sociedad civil en la región que ha sido un contrapeso de la corrupción y que la Administración debería apoyar y fortalecer, al igual que periodistas y medios de investigación que también han sido desafortunadamente víctimas de ataques”.
La analista apunta que las investigaciones en la región muestran un vínculo claro entre desvío de recursos y migración. “Los más afectados por la corrupción son los sectores y comunidades más vulnerables y no les queda otra opción que migrar, abandonar sus comunidades porque por ella no tienen la capacidad para atender sus necesidades básicas y no tienen la esperanza de que las condiciones van a mejorar”, afirma Beltrán.
