De acuerdo con el criterio de la jueza, del Juzgado Especializado de Instrucción “C”, los sujetos habrían participado en sendos crímenes y demás hechos delictivos, también aceptó la prueba vertida por la Fiscalía General de la República (FGR), en el desarrollo de la audiencia preliminar a finales de marzo. Asimismo, basó su resolución en las declaraciones del testigo criteriado, las cuales fueron corroboradas durante la etapa de instrucción.

El caso será del conocimiento de un juzgado especializado de sentencia por determinar y dentro de unas semanas los justiciables serán objeto de una vista pública.

Según datos judiciales, parte de los imputados se reunían en diferentes centros penales como el ya extinto de Cojutepeque y La Esperanza en San Luis Mariona, de donde emanaban las órdenes para que ejecutaran los crímenes.

Las investigaciones señalan que, los sujetos operaban en el sector de Ilopango, San Martín, Altavista, San Felipe y sectores aledaños. En la audiencia se discutió acerca de unos feminicidios agravados. que tuvieron lugar el 14 de enero de 2012 en un predio baldío de la Colonia Cel 2, ubicado en Lomas de San Bartolo sector III, Ilopango.

En estos hechos, las víctimas, que fueron asesinadas con arma blanca (corvo), fueron Wendy Beatriz Cruz Leiva, quien era novia de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyo puesto estaba cercano a su residencia, también Yanci Yamileth Alvarado y Vanessa Jacqueline Vásquez.

Además, se detallan 12 casos de homicidios agravados entre 2006 y 2016 en perjuicio de pandilleros de la misma estructura, así como de mara contraria.

Entre estos casos, se menciona el asesinato de un activista del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mario Alfredo González Paz, a quien mataron el 13 de junio de 2015.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), el móvil del crimen se debió a que supuestamente González “robaba” votos al ya fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Alfredo Ruano Recinos, quien contactó a un pandillero le dio dinero y un fusil A2 como pago, tras haber cometido el hecho.

El exalcalde aparece como autor mediato en el proceso; aparentemente, Ruano se reunió con otros procesados más para planificar el crimen, según consta en el dictamen de acusación fiscal.

En los dos casos de privación de libertad fueron en un marero contrario y una colaboradora de la pandilla, de quienes no se han encontrado los huesos, ya que los sacaron de la tumba clandestina y los lanzaron a un barranco cercano; se trata de Roxana Ruíz, quien desapareció el 3 de marzo de 2010. Cuatro días más tarde, el padre de la ofendida interpuso la denuncia ante la PNC.

Se presume que la ultimada era novia de un pandillero contrario y le había pedido que le entregara a uno de sus amigos. Posteriormente, Ruiz le contó a una “amiga” lo que le habían solicitado y fue cuando el resto de la estructura se enteró.

Cuando la mataron la enterraron en el patio de una champa, ubicada en Comunidad Cel 2, San Bartolo. En 2014 desenterraron el cuerpo y lanzaron los huesos a un barranco.

El resto de homicidios fue entre pandilleros de la misma estructura por distintos motivos. Agentes de la PNC les capturaron en octubre de 2019 en los lugares antes mencionados.

En un inicio se iba a juzgar a 88 imputados de un total de 108, pero no se pudieron trasladar a nueve de los presentes y, por ellos, se desarrollará otra audiencia dentro de unas semanas.

Además, dentro de la diligencia judicial, hubo 12 procedimientos abreviados para igual número de imputados, quienes son procesados por agrupaciones ilícitas exclusivamente.

Los sujetos aceptaron su participación y se condenó a la pena de tres años de cárcel, la cual fue sustituida por trabajos de utilidad pública, supervisados por un juzgado de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena respectivo.