El Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Brendan O’Brien no descarta que en un futuro El Salvador cuente con la visita de «alto rango», en referencia a la Vicepresidenta de su nación, Kamala Harris.

Durante una actividad desarrollada el miércoles, el funcionario precisó que “la relación entre nosotros es fuerte”, contextualizando que aún falta definir el escenario político que se avecina puesto que el 1 de mayo, entra una nueva Asamblea Legislativa.

En ese sentido, O’Brien dejó entrever que continuarán aportando propuestas que busquen frenar la migración irregular, en el marco del Plan Antimigratorio que impulsa la nación norteamericana, y en el cual Harris se encuentra a la cabeza del esfuerzo.

“Es un país importante para nosotros. Porque el éxito de El Salvador es el éxito de Estados Unidos (…) vamos a tener un nuevo Congreso el 1 de mayo, entonces vamos a ver cuáles son las prioridades que traen, la lucha contra el tráfico de personas (…) es un desafío compartido”, precisó O’Brien.

Según informó la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden ha decidido destinar 310 millones de dólares para la ayuda humanitaria adicional que busca poner freno a la inmigración irregular y a las causas que la originan desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Esa iniciativa es presidida por Harris, quien tendrá la tarea de detener el creciente flujo inmigratorio en la frontera sur y para ello, han solicitado al Congreso otros 861 millones de dólares para atender, el próximo año, las causas que impulsan la migración irregular desde Centroamérica, en el marco de un plan de 4.000 millones de dólares para la región. Sin embargo, estas cifras son parte de un proyecto de presupuesto aún por discutir y aprobar por el Congreso.

El Enviado Especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo días atrás al resumir su visita a Centroamérica que la corrupción es uno de los principales motivos de la inmigración masiva procedente de esas naciones.

“La corrupción es el factor principal de la desestabilización en Centroamérica”, dijo Zúñiga la pasada semana a medios. «Si algo va mal en Centroamérica, lo sentimos en Estados Unidos», agregó.
Las sanciones son algunos de los métodos que podría usar Estados Unidos, según ha dicho el propio Zúñiga, al afirmar que lo contempla: «Sanciones, listas de las personas que están involucradas en casos de corrupción, así como a los familiares de estos».
Y para ello -avisó- los departamentos del Tesoro y Justicia harán «lo que sea necesario». A su vez la administración Biden trabaja en la creación de un grupo anticorrupción, que involucra a los departamentos de Justicia y de Estado. «Estamos del lado de los que son víctimas de la corrupción y no del lado de los que están involucrados en la corrupción», dejó claro Zúñiga hace pocos días.

Estados Unidos contempla además en este esfuerzo la labor conjunta con aliados de la región, ha dicho Zúñiga: «No solo trabajar entre nosotros mismos, sino también con los países de la región para asegurarnos de que tengan los medios para hacer cumplir sus leyes y poder monitorear sus fronteras».

La asistencia será parcialmente gestionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y se estructurará en dos grandes partidas: una de 255 millones de dólares para ayuda humanitaria y otra de 55 millones para hacer frente a la inseguridad alimentaria en la región.

La inmigración irregular se da principalmente por los que huyen de la violencia y de las pandillas en sus países, los que no tienen trabajo ni oportunidades, los que buscan un futuro mejor para sus hijos.

El Programa Mundial de Alimentos dijo en un informe a principios de este año que después de que varios huracanes azotaran la región y de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, el número de personas que padecen hambre en Guatemala, El Salvador y Honduras ha llegado a 7,8 millones. Así que garantizar la seguridad alimentaria será uno de los fines de este dinero destinado por Estados Unidos.

La vicepresidenta Harris se reunió el jueves con representantes de instituciones filantrópicas para pedirles que ayuden a la Casa Blanca a esbozar un plan que ofrezca un futuro mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador.