Tras una controversia entre el Presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dar la razón al mandatario y declarar inconstitucional un préstamo de $50 millones que financiaría parte del déficit fiscal del Presupuesto General de este año.

Se trata del decreto 800, un crédito de $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que fue aprobado el 24 de diciembre de 2020 como parte del Presupuesto Fiscal 2021.

El motivo de inconstitucionalidad es por vulnerar el principio de deliberación parlamentaria que contempla el artículo 135 de la Constitución de la República.

Es decir, se procedió a la aprobación sin que se hubiese permitido a los diputados la posibilidad real de deliberar sobre su contenido y efectos.

Esta fue la única razón de ilegalidad que admitió el Máximo Tribunal, ya que el Gobierno planteó infracciones a la Carta Magna en cuanto a la aprobación con diputados suplentes, no explicar los motivos de superar el veto y el supuesto desequilibrio presupuestario.