A través de un documento que colgó el ahora ex jefe del Ministerio Público, señaló que la decisión, que se llevó a cabo con dispensa de trámite, fue “totalmente inconstitucional” al “carecer de fundamento jurídico y de un debido proceso”.

Melara se refirió a que no se tomaron parámetros que establecen la Constitución de la República para promover una destitución, como lo son un dictamen de una Comisión Legislativa, un proceso de antejuicio por la FGR y una Comisión Especial que brinde derecho de defensa al implicado.

“Rechazo los señalamientos a mi persona, ya que he tenido una larga trayectoria jurídica en la que he evidenciado mi honestidad y capacidad.

En los casi dos años y medio de trabajo como Fiscal General he demostrado la objetividad y probidad que requiere dicho cargo, realizando mis labores de representante de los intereses del Estado y de la Sociedad, siempre apegado a derecho. En mi gestión se procesó a las personas sin importar ningún interés, más que la correcta y justa aplicación de la ley”, manifestó en la misiva.

Asimismo, mencionó que, si bien la destitución “carece de validez jurídica”, presentó su renuncia irrevocable a Fiscal General en virtud de que “sale de mi control contar con las garantías necesarias para ejercer dicho cargo”.