La Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (Tracoda), dio a conocer que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) inició el martes 25 de mayo, una investigación en contra del exfiscal general Raúl Melara, por presunta violación a la Ley de Ética, al haber utilizado recursos públicos para actividades privadas.
Sobre el caso, la ONG afirma que Melara designó a dos abogados de la institución que dirigía para que lo defendieran en un proceso sancionatorio que se le sigue en su contra y que es de carácter personal, lo cual riñe con la ética de acuerdo al literal A del art. 5 de la Ley de Ética Gubernamental (TEG).
Según la demanda, el 16 de octubre de 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició un proceso sancionatorio en contra de Melara por haberse negado a cumplir una orden de entregar información a Tracoda.
Melara fue advertido que, de ser encontrado responsable de haber dado la contraorden para que no se proporcionara la información, tendría que pagar una multa con fondos de su propio patrimonio y no de la Fiscalía.
A pesar de lo anterior, el fiscal presuntamente, designó a dos agentes auxiliares del ministerio público para que ejercieran como defensores técnicos dentro del proceso, lo cual implica, a juicio de Tracoda, que se utilizaron recursos públicos para atender asuntos que conciernen únicamente a intereses particulares y no los fines institucionales de la FGR.
Además, en tanto que las agentes auxiliares son subordinadas del denunciado, se informó al TEG de la posible violación a la prohibición ética contemplada en el literal f del artículo seis de la LEG, disposición que dicta que no se debe “exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales”.
Dentro de la evidencia aportada, se incluyeron correos electrónicos y anexos en los que se muestra que dos agentes auxiliares remitieron documentos para defender al Fiscal General en horario laboral, así como certificaciones notariales firmadas por agentes auxiliares.
Por este último punto, también se denunció ante el TEG la presunta utilización de notarias de la FGR para que certificaran documentos que no guardan relación con sus labores institucionales; Tracoda sostiene que, en este caso concreto, ya que lo que está en juego son los intereses particulares del denunciado, le correspondía a este contratar a notarios particulares y no destinar tiempo de sus subalternas para certificar firmas ni documentación.
