La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) lamentó mediante un comunicado, que La fiscalía haya decidido poner fin a la cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

La OEA enfatizó que Muyshondt “no fue contratado”, como dice el comunicado, sino que “solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario”, aunque “este contrato nunca se firmó”.

El Organismo Internacional agregó que, antes de hacer público el ofrecimiento, el Ministerio de Exteriores “fue notificado al respecto y en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad de realización del mismo”.

En el texto aseveran, también que el exalcalde no iba a gozar de ninguna inmunidad. “Como es obvio, más que obvio, elemental conocimiento de derecho diplomático y práctica diplomática, ni aun la contratación hubiera dado al señor Ernesto Muyshondt inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos impunidad”.

La OEA también señaló las diferencias que tiene con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, en primer lugar, se refirió a la aprobación de Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia de COVID-19, promulgada por medio de decreto legislativo Nº7 de fecha 5 de mayo 2011.

Según la OEA, la ley “eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad”.

Por otro lado, se refirió a la decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19. “En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar”, advirtió.

En tercer lugar, “el asfixiamiento que ha realizado la Fiscalía General a la CICIES en las últimas semanas cercenando completamente sus posibilidades de investigación” y, en cuarto lugar, “las acciones de Gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración”.