El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que dotará de recursos al Estado para seguir impulsando las acciones encaminadas a generar en El Salvador un clima libre de violencia social y criminalidad, clave para avanzar en el desarrollo inclusivo.

El objeto de la ley, según su artículo 1, es establecer “una contribución especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, la cual recaerá sobre la adquisición y/o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades y sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación.

Se propone que la contribución especial sea de un 10% y establece que los sujetos pasivos, obligados al pago de la misma, son los usuarios y revendedores de servicios de telecomunicaciones y los adquirientes de cualquier dispositivo tecnológico que permita la utilización de los servicios de telecomunicación.

Además, los importadores o internadores de cualquiera de esos dispositivos tecnológicos, los representantes de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y los sujetos pasivos dedicados a la prestación de servicios de telecomunicaciones que efectúen el retiro o desafectación de dispositivos tecnológicos.

El documento fue presentado a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por una comitiva integrada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, el secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, Hato Hasbún, y el secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado.

El fondo se ejecutará con base a los planes y acciones específicas contempladas en los cinco ejes del Plan El Salvador Seguro, ampliamente consensuado por distintos sectores sociales y respaldado por la Interpartidaria en la Declaración de Ataco del 28 de agosto de 2015.

El artículo 2 de la propuesta declara como necesidad de interés público la ejecución de las acciones previstas en el Plan El Salvador Seguro, que define como prioridades la Prevención de la Violencia, el Control y Persecución Penal, la Rehabilitación y Reinserción, la Atención y Protección a Víctimas y el Fortalecimiento Institucional.

Este plan es fruto del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), el cual recibirá un informe de ejecución de los recursos cada tres meses.

La propuesta establece, en su artículo 11, que el destino exclusivo de los recursos que generará la contribución especial es la Seguridad Ciudadana y Convivencia con acciones que traerán diversos beneficios a la sociedad salvadoreña.

Entre los beneficios se contempla el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el disfrute de servicios institucionales eficientes para la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos y la reducción de la incidencia delictiva en estos, la reducción de la violencia en la familia y de abusos contra las mujeres.

Asimismo, el aumento de la judicialización efectiva de delitos graves, la reducción de la mora en las investigaciones de delitos, el fortalecimiento del control y la mejora de las condiciones en los centros penitenciarios, el desarrollo de programas de reinserción y prevención del delito, el reforzamiento de las capacidades para la protección, atención y reparación de las víctimas y el perfeccionamiento del sistema de administración de justicia, entre otros.