El Departamento de Estado, de Estados Unidos publicó el “2021 Informe sobre la trata de personas: El Salvador”.
En el documento informan que el país se mantiene en el nivel 2 debido a que el Gobierno no ha cumplido plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata.
Sin embargo señalan que está (el Gobierno de El Salvador) realizando importantes esfuerzos para lograrlo. El gobierno demostró esfuerzos crecientes en general en comparación con el período del informe anterior (2020), considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad de lucha contra la trata.
Estos esfuerzos incluyeron un aumento significativo en nuevos procesamientos y un aumento en las investigaciones de trabajo forzoso.
Según el informe, la administración actual identificó y ayudó a un número significativamente menor de víctimas comparando con el año anterior. Solo dos de las 23 víctimas infantiles identificadas recibieron atención en el albergue del gobierno.
Según la información proporcionada la policía investigó 30 casos sospechosos de trata (16 por trata sexual, cinco por trabajo forzoso y nueve indeterminados) en 2020, en comparación con 80 casos investigados en 2019 y 74 en 2018. A pesar de una disminución general de las investigaciones, esto marcó un aumento en el número de casos de trabajo forzoso investigados en comparación con años anteriores.
El Departamento de Estado indica que el Gobierno de El Salvador no implementó procedimientos para identificar a las posibles víctimas de la trata entre los niños detenidos por actividades ilícitas relacionadas con pandillas, y disminuyó su capacitación contra la trata para los funcionarios.
Uno de los casos que incluyó el arresto de 10 sospechosos en noviembre de 2020, involucró delitos de tráfico sexual infantil relacionados con pandillas; sin embargo, las autoridades no investigaron adecuadamente si uno de los sospechosos, que era un niño en el momento de los presuntos delitos, pudo haber sido una víctima obligada a cometer actos ilícitos.
El gobierno no inició ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de funcionarios por su participación en la trata de personas ni informó sobre el progreso de las investigaciones de años anteriores.
El gobierno tenía 25 miembros activos en su unidad policial especializada en la lucha contra la trata y 15 fiscales especializados en su unidad de enjuiciamiento contra la trata. Ambas unidades carecían de recursos humanos y materiales suficientes para investigar y enjuiciar todos los casos de manera eficaz, y la ausencia de un sistema electrónico de gestión de casos limitó los esfuerzos para recopilar, compartir y analizar información policial.
Por lo anterior, recomendaron: aumentar los servicios especializados para las víctimas de la trata, incluidos los refugios y el acceso a servicios para adultos, niños y víctimas LGBTQI +.
También, desarrollar e implementar procedimientos para identificar proactivamente a las víctimas entre los grupos vulnerables —incluyendo individuos en el comercio sexual, niños detenidos por actividades ilícitas relacionadas con pandillas y migrantes irregulares que regresan a El Salvador— y derivarlos a proveedores de servicios para recibir asistencia.
Así como reforzar los esfuerzos para investigar, enjuiciar y condenar a los traficantes, incluidos los funcionarios cómplices, y obtener restitución para las víctimas.
Además de enmendar la ley contra la trata de personas de 2014 para incluir una definición de trata de personas consistente con el derecho internacional. Y desarrollar y asignar recursos hacia un nuevo plan de acción nacional para combatir la trata.
