El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, dijo esta mañana que el decreto transitorio “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados”, no establece una cuarentena para El Salvador, sino más bien la suspensión de actividades que generen aglomeraciones, como conciertos, eventos deportivos, fiestas patronales y mítines, durante 90 días.

“Esto no es una cuarentena, el país sigue caminando, su economía sigue. Esta es una medida que ha tomado el Ministerio de Salud, durante 90 días, para evitar un alza en los contagios de COVID-19”, puntualizó el funcionario.

Argueta detalló que aunque ya las municipalidades se han pronunciado diciendo que van acatar las disposiciones del recién aprobado decreto, este no es solamente vinculante para los alcaldes sino que, también, para los particulares que puedan realizar fiestas masivas, así como hace referencia a los conciertos de artistas, en donde se pueden facilitar los contagios.

El decreto incluye una multa de hasta 100 salarios mínimos y una determinación de ilícito penal, que estará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), puntualizó el asesor jurídico; mismos que pueden ir desde desobediencia de particulares, incumplimiento de deberes o lesiones, entre otros.

“Los alcaldes podrían incurrir en el delito de incumplimiento de deberes o caer en acto arbitrario, debido a que se realiza una conducta por parte de un funcionario público que sabe que es ilegal”, detalló Argueta. “Gracias a Dios, nosotros tenemos el privilegio de que no hemos tenido una segunda ola y eso es lo que tenemos que evitar”, agregó.

Este decreto transitorio viene a sumarse al cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los comercios, restaurantes y centros comerciales, en donde no solo se debe hablar del uso de la mascarilla y alcohol gel, sino que además se tiene que cumplir con el distanciamiento social y no sobrepasar la capacidad de personas adentro de los establecimientos.