Los antecedentes de esta marcha se dieron el 25 de julio de 1975, las fuerzas militares del entonces presiente Arturo Armando Molina, intervinieron el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de El Salvador, para evitar la realización de un “Show Bufo”, que los estudiantes desarrollaban cada 26 de julio, en vísperas de las fiestas patronales de Santa Ana y en el cual, éstos ridiculizaban al gobierno.

La intervención evitó que los estudiantes salieran ese día. En protesta el 30 de julio de ese año, los estudiantes del Campus Central organizaron una manifestación que partía del estacionamiento de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, hacia el Parque Libertad. A esta se unieron estudiantes de secundaria de San Salvador.

El gobierno advirtió por la mayoría de medios de comunicación que la anunciada marcha de estudiantes universitarios no debía realizarse. De lo contrario “actuarían con todo el peso de la ley en contra de toda alteración del orden público”.

El principal ideal de esta marcha era manifestarse en contra del cierre del campus de Santa Ana y hacerlo de forma pacífica, pero a medida que los estudiantes iban llegando a su objetivo que era hasta el Parque Libertad, fueron interceptados por grupos de militares, los policías y la Guardia Nacional arrojaron gases lacrimógenos, y dispararon con armas de fuego, fusiles G3 matando a varios estudiantes e hiriendo a otra gran cantidad.

Además los manifestantes fueron acorralados en el paso a desnivel con tanquetas que aparecieron detrás de ellos, las cuales atropellaban a los heridos, y obligaron a algunos a saltar a los niveles inferiores de dicho tramo. El número de muertos aún es desconocido, debido a que la guardia bloqueó el paso del lugar y rápidamente recogieron los cuerpos de los muertos y heridos y los tiraban en un camión y limpiaron la sangre de las calles, según observadores, con agua y jabón

Un día después de la masacre, el 31 de julio de 1975, El Consejo Superior Universitario (CSU) de la UES se reúne en sesión extraordinaria, celebrada en el decanato de Medicina, según consta en el acta 123, se toma el acuerdo de condenar la masacre, rechazar la versión oficial del gobierno de turno, exigir la liberación de los capturados, entrega de los cadáveres, informe de los desaparecidos, exigir el respeto de la integridad física de la comunidad universitaria y el pueblo en general.

Además, se acordó denunciar y exigir el juzgamiento de los responsables de la masacre. Pero hasta la fecha esta masacre ha quedado impune.