Con 80 votos la Asamblea aprobó las reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas.

Además, los legisladores decidieron añadir un artículo, por lo que la nueva legislatura contempla 25 apartados. Con ello le brinda las herramientas jurídicas al Banco Central de Reserva (BCR) y a la Defensoría del Consumidor para que tengan acceso a las bases de datos que poseen los burós de crédito.

Además, con la adición del artículo 23 a esta ley, los usuarios podrán resguardarse bajo acciones legales, debido a que se le otorga la oportunidad de interponer alguna demanda en contra de las casas financieras, los burós crediticios o los agentes económicos que lo afecte al no cumplir con la normativa.

Entre los acuerdos aprobados por los diputados está el tiempo de entrega de un finiquito. Una vez cancelada totalmente la deuda que fue adquirida, el usuario deberá recibir ese documento en un máximo de siete días hábiles. Antes, este proceso tardaba hasta un año, tiempo en el que no se reflejaba la solvencia económica del usuario por carecer de actualización en la base de datos.

Por ello, los legisladores indicaron que en los estatutos de la ley se rige que los burós de crédito deberán poner al día los registros los primeros 10 días de cada mes.

También se aproximará estas instituciones a la población, debido a que la ley exigirá colocar puntos de consulta exprés y oficinas en donde se pueda resolver los problemas que traten sobre el historial crediticio. Estas últimas deberán estar distribuidas en la zona occidental, central y oriental del país.

“Habrán 14 puntos de consultas y tres oficinas para resolución de quejas. Esto es para que la población pueda ser atendida como se debe y sepa cómo está su información de manera actualizada”, aseguró el diputado William Soriano.

A través de estos sitios, los salvadoreños podrán tener acceso a su información crediticia de manera gratuita. Además, por medio de aparatos tecnológicos, los usuarios recibirán una notificación para avisar que sus datos están siendo verificados.

“Hasta este momento, cualquier almacén consulta los datos crediticios de una persona y sin decirle nada”, comentó el diputado Romeo Auerbach, quien aseguró que hace 30 años se hizo una ley con intensiones perversas con la que querían deshacerse de los salvadoreños que no honraban a los empresarios al no pagar sus deudas.

El diputado de GANA denominó como “listado negro” la cartera de datos en donde se encuentran las personas en mora, pero también las que ya cancelaron sus deudas adquiridas y que por un retraso en alguna cuota continúan en esa base y esto hace que no pueda tener acceso a otro crédito.

Las multas a implementar

Anteriormente, la Ley de Información Crediticia no resguardaba un parámetro inicial para establecer las infracciones cometidas por los burós de créditos, por lo que tras varios estudios y análisis los legisladores asignaron el mínimo y máximo en concepto de multas.

Según lo expuesto en el pleno, si una de estas empresas incumple la normativa se clasificarán como “graves”, que serán castigadas con multas que van desde los 100 hasta los 600 salarios mínimos, y como “muy graves”, que contemplan sanciones que abarcan desde los 120 a los 800 salarios mínimos.

En caso de existir una reincidencia en las infracciones -lo máximo serán tres- se cesará la ejecución de operaciones de esa empresa.

Para ello, la Defensoría del Consumidor deberá supervisar -sin previo aviso- a estas empresas cada tres meses, pues será uno de los entes regidores.

El estudio previo a la aprobación

Durante varias sesiones, la Comisión Financiera analizó la problemática por la que muchos de los salvadoreños afrontaron durante años, debido a la irresponsabilidad que los burós de crédito tenían por no actualizar sus bases de datos.

Para determinar las respectivas modificaciones, los diputados de esa junta de trabajo recibieron a los representantes para El Salvador de Equifax, TransUnion e InfoRed. Además, a los titulares del BCR, de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), a esta última institución les solicitaron una auditoría exhaustiva para contrastar con la información brindada por los voceros de las agencias de historial crediticio.

Esta reforma inició en el seno de la comisión, en donde se planteó el evitar los abusos que privan a los salvadoreños de acceder a créditos. De ahí surgió un dictamen favorable que ingresó este 17 de agosto y se aprobó en el pleno legislativo.