Los diputados de la Comisión de Seguridad y combate a la narcoactividad de la Asamblea Legislativa buscan actualizar la Ley Especial contra los delitos informáticos y conexos, vigente desde 2016, debido a que ha quedado desfasada. También porque los delincuentes están cambiando constantemente su modo de operar y por la necesidad de armonizar y coordinar el trabajo que realizan las diferentes instituciones encargadas de combatir el crimen.

Es por eso que los legisladores se reunieron con delegados de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) para conocer cuáles son los obstáculos que enfrentan en la lucha contra los delitos cibernéticos (estafa, extorsión, acoso, robo de identidad, hackeo, entre otros) y las opciones que tienen para hacer más eficientes los procedimientos.

En la mesa legislativa, los representantes de ambas instituciones coincidieron en que una de las desventajas que tiene El Salvador para combatir este flagelo es que no está adherido al Convenio de Budapest. Este tratado internacional —que data de 2004 y tiene más de 50 Estados miembros— busca enfrentar los delitos informáticos, así como los que se cometen por internet, mediante la armonización de leyes, la mejora de las técnicas de investigación y la cooperación entre los países adscritos.

Dicho Convenio está compuesto de cuatro capítulos en los que se establecen tres ejes esenciales para enfrentar el problema: se definen los delitos y se clasifican, se abordan las normas procesales y se determinan las reglas de cooperación internacional.

En este último punto se definen los mecanismos de cooperación para investigar cualquier delito que involucre evidencia digital, ya sean delitos tradicionales o informáticos. Asimismo, incluye disposiciones acerca de la localización de sospechosos, recolección o envío de evidencia digital y todo lo referente a la extradición.

Néstor Guzmán, representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la FGR, explicó en la mesa de trabajo la necesidad de modificar la normativa y adaptarla a la realidad actual para que las instituciones sean más eficientes y den respuesta a las víctimas.

Su colega Roxana Reales agregó que para perseguir estos delitos la institución necesita herramientas legales. Entre ellas mencionó la incorporación de la evidencia digital en el desarrollo de la investigación y la revisión de penas. Actualmente, a quienes cometen delitos tecnológicos se les imponen castigos de entre uno y cinco años de cárcel, con la posibilidad de que se les pueda reemplazar con trabajos de utilidad pública.

La capacitación constante del personal a cargo de las investigaciones de los delitos tecnológicos es otra de las necesidades que señalan las instituciones.

“No tengo dudas de que el país va a entrar en una dinámica de innovar y las instituciones deben estar a la vanguardia”, sostuvo el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz.

En su intervención, Wálter Galdámez y María Martínez, representantes de la PNC, manifestaron que a diario reciben denuncias por este delito y se percatan de las debilidades que tiene la normativa.

“Hemos venido trabajando en las sanciones de delitos cibernéticos y sabemos que la ley ha contribuido, pero su redacción está desfasada y los conceptos son muy abiertos”, señaló Martínez.

Ambos advirtieron a los diputados que es preciso dar mejor tratamiento a los casos que se investigan y que se incluya un apartado para que las empresas que proveen servicios de internet, así como de redes sociales como Twitter y Google les faciliten información acerca de los lugares desde donde se están cometiendo delitos cibernéticos.

Además, reiteraron que suscribirse al tratado de Budapest ayudaría al país en la prevención y persecución de los ciberdelitos.

El diputado de la bancada cyan, Francisco Villatoro, destacó que se debe legislar para establecer obligaciones legales con las instancias privadas para que apoyen a las autoridades en la investigación de un delito y con ello dar respuesta a la población.