El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya presentó, esta mañana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una solicitud para darle seguimiento a millones de dólares en impuestos evadidos gracias a una iniciativa de la Asamblea Legislativa en septiembre de 2018.

Estas acciones forman parte del Plan Antievasión que ejecuta el Gobierno con el objetivo de identificar y recuperar fondos en concepto de impuestos.

“El mismo Ministerio de Hacienda del pasado el que dirigía el profesor Salvador Sánchez Cerén, ahora prófugo de la justicia, fueron y presentaron un escrito para que les cercenaran sus propias facultades”, señaló el ministro al explicar el caso.

Con solicitud de seguimiento hecha por el ministro Zelaya, se espera que bajo los parámetros que defina la Sala de lo Constitucional se verifique materialmente el incumplimiento de una sentencia que incluía plazo y un mandato específico que fue transgredido por la Asamblea Legislativa anterior, con la aprobación del Decreto 127.

Hacienda considerando las facultades establecidas en el artículo 226 de la Constitución de la República, relativas a dirigir las finanzas públicas, acudió a la Sala con el fin de velar por los intereses generales y está a la expectativa de que se adopten medidas para que la administración tributaria recupere las facultades que perdió con dicho decreto.

“Pretendemos que la sala ordene audiencias para escuchar a las partes involucradas en este caso, al Fiscal General de la República como representante de los intereses del Estado y al Ministerio de Hacienda como ente garante de las finanzas públicas, a la Asamblea Legislativa y a los abogados que promovieron”, apuntó.

El Decreto Legislativo 127 emitido por la Asamblea Legislativa el 26 de septiembre de 2018, a iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker buscaba saltarse una sentencia explicita de la Sala de lo Constitucional.

“Hay que ver qué motivó para que un diputado utilice sus facultades legales para encubrir un acto totalmente ilegal que es la evasión de impuestos”, enfatizó el ministro Zelaya.

El decreto 127 establecía que dejaba sin efecto todos los procesos tributarios correspondientes a los periodos y ejercicios impositivos referentes a los años 2014 y 2015, de los impuestos que las Direcciones Generales de Impuestos Internos y Aduanas administran.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, con la aprobación de dicho decreto se dejaron de percibir millones en procesos tributarios que se borraron automáticamente “se dañó patrimonialmente al Estado salvadoreño por $280 millones, si no es que más, la Subdirección General de Impuestos Internos y la Subdirección de Fiscalización serán los encargados de determinar hasta qué monto fue el daño patrimonial”, subrayó.

De acuerdo con el funcionario, este tipo de operaciones realizadas en el pasado “demuestran cómo las mafias corporativas tenían capturado al Estado Salvadoreño”.