La Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado informó que el Juzgado 4° de Paz de San Miguel decretó instrucción formal para 4 exmilitares acusados por los delitos de Homicidio Agravado, Robo y Asociaciones Ilícitas, previstos y sancionados en el Código Penal de 1974, en perjuicio de 5 personas.

El Juez aseguró que esta masacre que ocurrió el 7 de abril de 1981, en el cantón San Andrés de San Miguel, constituye delitos de lesa humanidad; por ende, no prescriben, aunque hayan ocurrido hace 40 años.

En la audiencia inicial, que se realizó este miércoles 18 de agosto, el Juez resolvió que José de la Cruz Orellana se mantenga bajo prisión durante la etapa de instrucción, mientras que José Inés Benavides Martínez y Luis Alonso Benavides Polio se le emita medidas sustitutivas a la detención, como el pago de una fianza económica de US$20,000 cada uno, firmar cada 15 días en un Juzgado de Instrucción, no portar armas de fuego y no salir del país.

El último imputado, Ángel Aníbal Alvarado Benítez, paso siempre a la siguiente etapa del caso, para que el Juez de Instrucción decida su situación por no encontrarlo cuando se giró orden de detención y tampoco por acudir al citatorio que realizó el Juzgado 4° de Paz de San Miguel.

“A todos se les menciona como parte de un grupo denominado como C2, pero la gente donde sucedieron los hechos los conocía como parte de un grupo que le llamaban “el escuadrón de la Muerte”, eran conocidos en todo este lugar y mencionan que son responsables de varias muertes, no solo de estas sino de otros casos más que ocurrieron en todos los cantones que están alrededor del volcán de San Miguel”, aseguró el fiscal del caso.

Los imputados son acusados de los homicidios de Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón; quienes fueron privados de libertad el 7 de abril de 1981, en el cantón San Andrés del municipio y departamento de San Miguel.
Y según el relato de los hechos, Luego de darles muerte, sus cuerpos fueron localizados con señales de tortura en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen en el departamento de La Unión.

El Juez 4° de Paz de San Miguel considero con todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público que esta masacre es de lesa humanidad.