Durante una larga jornada, tres miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), en cargados de supervisar a las empresas de seguridad privada, se presentaron ante la Comisión de Trabajo para brindar datos y aportar recomendaciones para la elaboración de la Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad.

Desde varias semanas atrás, los diputados de esa junta iniciaron con las consultas respectivas para el desarrollo de esta normativa, con el objetivo de buscar que se apliquen correctamente los derechos laborales para los empleados de este rubro.

De acuerdo al jefe de la Unidad de Servicios Privados de la PNC, Fausto Carranza, a nivel nacional hay un total de 434 empresas registradas. De ellas, 22 dejaron de operar y 119 se encuentran catalogadas como “desaparecidas”.

“En 2001 empezaron a operar este tipo de compañías, pero unas solo operaron por poco tiempo y muchas otras ya no reportaron funciones desde el 2015”, comentó el comisionado Carranza.

Junto al jefe policial también vertieron su opinión el jefe jurídico de la Unidad de Servicios Privados, David Ramírez, y Fran Moreno, colaborador de esa sección.

Los registros de esa unidad reflejan que la PNC ha procedido sancionatoriamente con 48 casos y actualmente poseen 60 casos más que están pendientes de supervisión para conocer si recurre a alguna infracción.

Lo expuesto por parte del presidente de la comisión, Edgardo Mulato, es que esta nueva ley pueda respaldar las labores de los más de 30 mil agentes de seguridad de manera privada, por lo que buscan que ellos puedan tener uniformes de manera gratuita, horarios adecuados y ejecutados como lo indica el Código de Trabajo, que estas agencias trabajen conforme a la legalidad, entre otros aspectos.

“En 2001 se hizo la ley, pero no acorde a las necesidades y con existencia de vacíos, por eso es necesario acordar nuevas luces de desarrollo para resguardar los derechos de los empleados de estas organizaciones”, comentó el comisionado Carranza, quien aseguró que la PNC realiza un trabajo en conjunto con los integrantes de empresas de seguridad privada.

Además, la comisión llegó al acuerdo de establecer las multas correspondientes a estas empresas, debido a que en la actualidad son cuotas bajas.

“Existen empresas que obstaculizan las inspecciones y prefieren pagar la multa, porque estas son risibles. Se debe sentar un precedente para que esta mala práctica no siga sucediendo”, dijo el diputado Mulato.

A la vez, con esta ley se garantizará la operatividad legal de las empresas de seguridad para que estas ejecuten su desarrollo bajo una normativa.

“Tenemos conocimiento de empresas que están engañando a sus clientes y empleados haciéndoles creer que están operando de forma regular, cuando no cuenta con permisos y no están debidamente inscritas”, aseguró el presidente de la comisión.

Los legisladores también recibieron a Carlos Novoa, director de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), y al presidente de la Junta Directiva de esa organización, Óscar Quiteño, para escuchar el punto de vista de ambos.