Entre 2016 y 2017, cuando el presidente Salvador Sánchez Cerén y el vicepresidente Óscar Ortiz estaban al frente del país, la Asociación de Mujeres Tecleñas (ATM) —constituida en su mayoría por militantes y simpatizantes del FMLN— recibió $70 mil que fueron erogados por el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Gobernabilidad y el Ministerio de Educación, para ejecutar dos proyectos a favor de las mujeres, pero no los realizó.
En ese tiempo, el cargo de tesorera de la organización lo ocupaba Elda Gladis Tobar, esposa del exvicepresidente Ortiz, quien en 2011 fundó dicha asociación, junto con otras mujeres que ocupaban diferentes cargos en el gobierno, entre ellas la exdiputada Emma Julia Fabián y la exviceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín Barrera.
Así lo confirmó Fabián ante los diputados de la Comisión Especial que investiga el uso de los fondos públicos que las legislaturas pasadas otorgaron a instituciones sin fines de lucro.
La exfuncionaria, quien actualmente dirige la ATM, fue citada por la mesa legislativa para que explicara cómo se le asignó el dinero público para los proyectos (uno por $30 mil y otro por $40 mil) y el uso que se le dio.
A preguntas de los diputados, Fabián señaló que la organización, que según dijo se dedica a promover los derechos de la mujeres, presentó en dos ocasiones solicitudes de fondos a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, quien emitió un dictamen favorable que posteriormente fue aprobado por el pleno.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión Especial, Alexia Rivas, le preguntó por qué en el Órgano Legislativo no hay registros de esas solicitudes. Fabián no pudo responder ni presentar documentos para rebatir esos cuestionamientos.
La diputada señaló que las dos ocasiones en las que la Asociación de Mujeres Tecleñas recibió dinero público era la exdiputada efemelenista, Lorena Peña, quien presidía la Comisión de Hacienda.
En un intento por evadir las respuestas, Fabián declaró ante los diputados que la ATM no pudo llevar a cabo, en el plazo establecido, el proyecto que suscribió con la Secretaría de Gobernabilidad. Esto, según ella, debido a un retraso del Gobierno para desembolsar el dinero y luego porque no se podía disponer de los fondos, ya que la entonces presidenta de la asociación, Nery Arely Díaz, enfrentaba una enfermedad terminal y era quien había suscrito el convenio con la el titular de la Secretaría de Gobernabilidad, Hato Hasbún.
En 2017, Díaz falleció y fue hasta mayo del siguiente año que la organización feminista tuvo que reintegrar el dinero.
La otra ocasión que la ATM tuvo que regresarle al Ejecutivo los $40 mil que se le erogaron para un proyecto con el Ministerio de Educación, debido a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que se le debía recortar los fondos que el Gobierno les asignaba a las organizaciones e instituciones sin fines de lucro y debían ser reorientados para diferentes ministerios.
Con estas declaraciones, los diputados de la Comisión Especial pudieron reconfirmar que no existía un marco legal para que las legislaturas pasadas destinaran fondos a las organizaciones sin fines de lucro, como lo han aseverado anteriormente otros exfuncionarios que han sido citados como parte de las investigaciones, por lo que se deduce que el dinero se asignaba a discreción de los legisladores de turno.
Conflicto de intereses
Los registros de la Gerencia de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa indican que la exdiputada Emma Julia Fabián laboraba en la institución en el período en el que tenía un cargo en la Junta Directiva de la Asociación Mujeres Tecleñas, lo que constituye un conflicto de interés.
En el mismo sentido, los integrantes de la Comisión Especial le cuestionaron si no consideraba que había un conflicto de interés que la asociación fundada por la cónyuge del entonces vicepresidente de la República recibiera dinero público, pero ella respondió que no existía tal situación.
Sin inmutarse, la exfuncionaria también le confirmó a la Comisión Especial que la asociación que preside recibió fondos de la alcaldía de Santa Tecla cuando Óscar Ortiz era alcalde de ese municipio.
Esta no es la primera vez que Fabián sale nombrada en la investigación que realizan los diputados de la Nueva Asamblea Legislativa para indagar el uso que se le dio a los fondos públicos.
El 16 de julio pasado, los legisladores citaron a la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, por ser una de las fundadoras del Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), que recibió $518,890 provenientes de fondos públicos, entre 2011 y 2019.
La mesa de trabajo presentó, en esa ocasión, pruebas de que en la organización hay representación de otras mujeres vinculadas al partido de izquierda y exempleadas del Órgano Legislativo, entre ellas Fabián.
Para los diputados la creación de estas organizaciones durante los pasaos gobiernos era solamente una fachada para desviar dinero público.