El Ministerio de Hacienda ha solicitado la autorización de la Asamblea Legislativa para hacer un examen al uso que le han dado las 262 alcaldías del país a los $191.7 millones que les desembolsó el Gobierno central, el año anterior. Dichos fondos estaban destinados a la ejecución de diferentes proyectos sociales y además servirían para dar asistencia a las familias que habitan en comunidades vulnerables.

Este lunes, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen favorable para que se emita un decreto transitorio y excepcional que le permita a la cartera de Estado, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, verificar cómo las municipalidades han empleado el 30% de los recursos que recibieron.

Ese dinero provenía de los $2,000 millones que la legislatura anterior le autorizó al Ejecutivo conseguir con organismos internacionales para el Fondo de emergencia y de recuperación y reconstrucción económica del país, que serviría para enfrentar la pandemia del COVID-19.

La iniciativa fue presentada al Órgano Legislativo, días atrás, por el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, debido a que ya pasaron varios meses sin que las alcaldías hayan rendido cuentas sobre el destino que se le dio a los fondos.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) tampoco ha hecho públicos los resultados de las auditorías que se les realizaron a las municipalidades.

Ante ello, Zelaya señaló la necesidad de que los legisladores faculten a la institución que él dirige para evaluar cómo se ha dispuesto de los recursos. Agregó que la institución es la encargada de realizar los pagos a los organismos multilaterales que prestaron ese dinero a El Salvador para atender la emergencia por COVID-19, por lo que es la garante de que invertido de forma adecuada.

El funcionario aclaró que el Ministerio de Hacienda no pretende usurpar a las funciones del ente contralor, pero expresó que este ha actuado con pasividad respecto a este tema.

“No estamos usurpando una facultad que no nos compete, sino que es una petición ante la pasividad de otras instituciones. Vamos a determinar las responsabilidades pertinentes. No vamos a acusar a nadie falsamente”, aseveró Zelaya.

La propuesta establece que todos los gobiernos municipales tendrán 10 días hábiles para entregar la notificación requerida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Previamente, la institución contratará a 300 personas que hayan cursado no menos de cuatro años de Licenciatura en Contaduría Pública para que practiquen los exámenes a las alcaldías. Los resultados que obtengan serán entregados a la CCR y a la Fiscalía General de la República para que, en caso de existir irregularidades en el uso del dinero, inicien procesos y deduzcan responsabilidades.