Los delitos de corrupción no prescribirán en El Salvador. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, sin los votos de ARENA y el FMLN, aprobó un dictamen favorable para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal y evitar que se extinga la acción penal en estos casos.

Los cambios en la normativa sumados a la renovación que se hará en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la República, avalada por la Asamblea Legislativa permitirán que los exfuncionarios que se hayan valido de sus cargos para enriquecerse con fondos públicos sean llevados antes los juzgados para que respondan por sus actos.

Las modificaciones que la mesa legislativa realizó al inciso tercero del artículo 32, a solicitud del Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, establecen que: “No prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción , cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito , infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias”.

Además, se le incorporará el inciso cuarto que señala que lo dispuesto en el anterior “es considerado de orden público, debiendo aplicarse a los procesos futuros independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos”.

“Es un paso importante porque muchos corruptos pensaron que, al pasar de los años, el pueblo salvadoreño no iba a poder hacer justicia. Esta reforma no solo significa que no prescriban, también hemos declarado que pase a ser de orden público, es decir que esta tenga efecto retroactivo y que aquellos corruptos que se robaron el dinero hace muchísimos años se le pueda iniciar una investigación en la Fiscalía General la República”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Marcela Pineda.

Su compañera de bancada, Rebeca Santos, destacó que este es un logro histórico, porque los diputados de las administraciones pasadas no tuvieron la valentía de legislar para combatir la corrupción en El Salvador. Eso impidió que los recursos públicos de los que se apropiaron los exfuncionarios se invirtieran en proyectos que beneficiarían a la población.

Actualmente, el expresidente de la República por el partido ARENA, Elías Antonio Saca, cumple una condena de prisión por delitos de corrupción. Mientras que los exmandatarios del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, están prófugos por los mismos hechos y para evadir la justicia salvadoreña gestionaron un asilo en Nicaragua.

Nueva Asamblea Legislativa comprometida con lucha contra la corrupción

La elaboración del dictamen para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal para que no prescriban los delitos de corrupción es resultado del trabajo que está realizando la Nueva Asamblea Legislativa para combatir la corrupción en El Salvador.

A esto se suman las investigaciones a cargo de las comisiones especiales creadas por la institución para investigar el pago de sobresueldos, con dinero público, a los exfuncionarios de los gobiernos pasados y la entrega discrecional de fondos del Estado a ONG vinculadas a ARENA y al FMLN.

Ambas mesas legislativas han citado e interpelado a varios exburócratas, quien con sus declaraciones al dejado al descubierto que se beneficiaron al recibir recursos públicos a través de remuneraciones adicionales al salario que tenían o mediante el desvío de fondos a organizaciones que ellos fundaron o de las que son miembros.

Las investigaciones han revelado que, en algunos casos, recibieron apoyo de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República. Para sanear ambas instituciones de personas ligadas a actos de corrupción, el Órgano Legislativo aprobó, este semana, reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Con las modificaciones a dichas normativas se pretende eliminar las prácticas corruptas, hacer más eficiente el trabajo que realizan esas instituciones y garantizar que la población tenga acceso a la justicia.