El domingo a través de twitter, el Portavoz del Departamento de Estado, Ned Price señaló que como nación condenan el fallo del 3 de septiembre de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que autorizó la reelección presidencial inmediata.

La constitución salvadoreña prohíbe claramente a los titulares de la presidencia la reelección para un mandato consecutivo. Este fallo es consecuencia directa de la decisión adoptada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa salvadoreña de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en funciones e instalar a sustitutos leales al Presidente. Expertos salvadoreños calificaron de inconstitucional la destitución legislativa de los magistrados del 1 de mayo y expresaron su preocupación por el hecho de que erosionará la separación de poderes y la gobernabilidad democrática en el país. Esos temores se han visto confirmados por la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 3 de septiembre.

La Asamblea Legislativa salvadoreña dio pasos adicionales para consolidar el control sobre el poder judicial el 31 de agosto, al modificar inconstitucionalmente la ley orgánica de la Carrera Judicial, ordenando la jubilación de los magistrados a los 60 años de edad o a los 30 años de servicio bajo la premisa de erradicar la corrupción. La edad o el tiempo de servicio no tienen relación directa con la corrupción, y El Salvador ya ha establecido procesos para eliminar a los actores corruptos. El resultado práctico de este nuevo mandato es facultar a la Administración Bukele para que llene el poder judicial con sus propios jueces. Combinado con las acciones tomadas por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, esto demuestra una clara estrategia para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico sobre el poder ejecutivo.

Este deterioro de la gobernabilidad democrática daña la relación que Estados Unidos se esfuerza por mantener con el gobierno de El Salvador y erosiona aún más la imagen internacional de El Salvador como socio democrático y confiable en la región. Estados Unidos pide al Presidente Bukele que demuestre su compromiso con la gobernabilidad democrática, incluyendo la separación de poderes y el estado de derecho.