La organización de derechos humanos, Cristosal, en conjunto con la organización, Azul Originario, presentaron a la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por la privación de libertad del informático independiente, Mario Gómez, el pasado 1 de septiembre de 2021.

“No se le fue notificada la causa de su detención. La Fiscalía debe investigar el delito de privación de libertad”, afirma Zaira Navas, jefa jurídica de estado de derecho y seguridad de Cristosal.

Según Navas, la FGR, debe determinar el responsable. Si el director de la Policía Nacional Civil no emitió comunicado de disculpa, ni aclaración, los titulares de la institución tienen responsabilidad por omisión.

“Nuestro mayor interés es demostrar que Mario no tenía orden de detención en su contra. No había derecho a incautarle sus teléfonos”, señala Otto Flores, abogado defensor de Azul Originario.