El acto de juramentación se da a pesar que la Cámara de Familia de Oriente dictaminó que las reformas a la Ley de la carrera Judicial violaban los derechos humanos y laborales de los jueces afectados por la reforma.

Previo a la juramentación, los apoderados legales de la Corte Suprema de Justicia llevaron un recurso a la Cámara de Familia de Oriente pidiendo que la demanda contra las reformas sea procesada por la Sala de lo Civil, al tiempo que piden que se declare nula la resolución de la Cámara, por lo que llamaron “nulidades insubsanables” en la resolución emitida por el magistrado Calixto Zelaya Diaz.

Según las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, 249 jueces fueron despedidos de sus cargos por tener 60 años de edad o 30 años de servicio; sin embargo, algunos de los afectados también recibieron un beneficio que aprobó la corte plena, un bono equivalente a dos años de salario si renunciaban al cargo a más tardar el 24 de septiembre.

Dada la controversia entre diferentes instancias judiciales, en el mediando plazo se puede presumir que el caso terminará en mano de la Sala de lo Constitucional, de momento bajo control del Ejecutivo.