Este miércoles, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, designó a 13 ex militares salvadoreños acusados de participar en graves violaciones a los derechos humanos por su involucramiento en la planificación y comisión de ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador.
Este anuncio enfatiza el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos y el compromiso para promover la responsabilidad de los perpetradores y alentar la reconciliación y una paz duradera en la región y alrededor del mundo.
Estos 13 ex militares salvadoreños, en los rangos de General a soldado, fueron designados de acuerdo de la Ley de Asignaciones Presupuestarias, Operaciones Extranjeras y Programas Afines del gobierno de los EE.UU. de 2019.
El Secretario basó esta decisión en evidencias presentadas en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993, que señaló la participación de funcionarios del gobierno involucrados, directa o indirectamente en este hecho, entre otra evidencia.
El Departamento tiene información confiable en cuanto a que las siguientes personas han estado involucradas en violaciones graves de derechos humanos: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio. Estos 13 exmilitares salvadoreños en los rangos de General a soldado estuvieron involucrados en la planificación y comisión de ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas que se refugiaron en el centro pastoral jesuita el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador.
Con esta designación, estas personas y sus familiares inmediatos no podrán ser elegibles para ingresar a los Estados Unidos. La Sección 7031 (c) de la ley sólo puede ser aplicada a funcionarios de un gobierno y no a personas que no han sido funcionarios gubernamentales. Las personas que no eran funcionarias del gobierno y han sido acusado de violaciones a los derechos humanos pueden estar sujetas a otras restricciones de visa según las leyes de los Estados Unidos.
Estados Unidos respeta la soberanía de El Salvador para determinar la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas, y responsabilizar a todos los que violan los derechos humanos.
