La ministra de Economía, María Luisa Hayem, presentó en correspondencia del Primer Órgano del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Zonas Francas, Industriales y de Comercialización.

Las enmiendas establecen un marco regulatorio que se ajusta a la realidad del país, principalmente a la necesidad de recuperar la economía luego de las afectaciones por la pandemia de Covid-19.

Los beneficios de la reforma incluyen una ágil implementación de la normativa, a través de la habilitación de medios electrónicos para que los inversionistas presenten sus solicitudes en línea. Esta modalidad se fortalece con la entrada en vigencia, en mayo pasado, de la Ley de Firma Electrónica.

Además, se plantea reducir de forma significativa los tiempos de respuesta a los inversionistas para que pongan en marcha sus empresas, pasando de un periodo de un mes a entre uno y cinco días.

También se le está apostando a rubros que tienen gran potencial como dinamizadores de la economía, aprovechando los recursos con los que cuenta el país.

La reforma también contempla incentivos para los desarrollistas, para que establezcan más zonas francas en el país, atraigan inversión y generen más fuentes de empleo para los salvadoreños.

Entre los beneficios para ellos destacan la exención parcial del 60% del Impuesto sobre la Renta y municipales por un lapso de 10 años. Este beneficio podría ampliarse cinco años más por inversiones en innovación tecnológica o proyectos verdes ejecutados en la zona franca impulsada por los desarrollistas.

Además, se contempla una exención para la importación de bienes para la construcción de las zonas francas, por un periodo de dos años, para facilitar el establecimiento de más territorios destinados a la inversión.

Las reformas incluyen como aspecto novedoso la construcción de zonas francas verticales, es decir, de edificios en donde operen los inversionistas.