los hechos ocurrieron el 14 de agosto del 2019. Los condenados son Alberto Renderos, Eduardo Rodríguez, Giovanni Rivera, Ricardo Flores, Antonio Rivas y Melvin Ferrer.
El Ministerio Público Fiscal (FGR) les acusaba por el delito de desórdenes públicos, ya que obstaculizaron cuatro accesos al local central de la Cruz Roja Salvadoreña al colocarles candados y cadenas, impidiendo así el ingreso y salida del personal.
Sin embargo, el juzgador consideró que mediante la prueba documental y pericial, quedó plenamente que eran los autores directos de la protesta, pero que no se adecúa al delito de desórdenes públicos, si no al de ejercicio violento del derecho, imponiéndoles así la pena mínima de diez días multas para cada uno. El delito de desórdenes públicos es sancionado con una pena que oscila entre los dos y cuatro años de prisión.
La protesta duró un aproximado de tres horas y era con la finalidad de exigir sus identificaciones como miembros voluntarios, las que se les habían sido negadas por las máximas autoridades.