El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que tras auditar a 66 alcaldías, los hallazgos indican que de los más $64 millones que recibieron para la pandemia, las municipalidades usaron más de $24 millones para otros rubros y alrededor de $2 millones no presentaron la documentación respectiva.
“Va a ser la Fiscalía que determine la existencia del delito como tal. Nosotros ya hemos terminado, se les dio un periodo de 10 días para poder responder”, comentó.
Entre las municipalidades que recibieron fondos y no los usaron de manera correspondiente, o incluso no hay respaldo de cómo se usaron dichos montos están: Apaneca, Guaymango, Coatepeque, Chalchuapa, San Antonio Pajonal, Santa Ana, Santa Rosa Guachipilín, Santiago de la Frontera, Acajutla, Armenia, Juayúa, Nahuizalco, Salcoatitán, San Antonio del Monte, Sonsonate, Comasagua, Santa Tecla, Zaragoza, El Triunfo, Usulután, entre otras.
“Aquellos destinos que no están documentados podrían configurarse con el delito de peculado, o aquellos destinos que no estaban dentro de la emergencia por COVID-19 o el decreto 608, podrían tipificarse como malversación de fondos; dos tipos de delito penal”, destacó Zelaya.
Estas auditorías se realizaron por parte del Ministerio luego que la Asamblea Legislativa le diera la facultad para auditar a las 262 alcaldías, que recibieron $291 millones para atender la emergencia por el COVID-19, y por las tormentas Amanda y Cristóbal.
