El bitcoin cumplió ayer lunes, seis meses como moneda de curso legal en El Salvador, y de acuerdo con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, el Gobierno de Nayib Bukele prepara la primera emisión de bonos en criptomoneda.

“Los primeros 15 días de marzo tenemos programado terminar con todo lo necesario para que se emita el bono. Estamos tomando todas las salvaguardas”, aseguró Zelaya durante una entrevista televisiva.

La emisión de los “Bonos Volcán” servirá, dice el gobierno, para financiar el proyecto Bitcoin City, anunciado por Bukele en noviembre de 2021 durante el cierre del evento Bitcoin Week, que se llevó a cabo en el país.

La ciudad bitcoin, según dijo el mandatario, se construirá cerca del volcán Conchagua, en el departamento de La Unión, para aprovechar su energía para alimentar la ciudad y el minado del bitcoin, ya que la urbe contará con áreas residenciales y comerciales, y estará dotada de servicios, áreas de entretenimiento, restaurantes, aeropuerto, puerto y estación de tren.

“Gracias al bitcoin ustedes han visto la cantidad de inversionistas, la cantidad de turistas, la cantidad de personas que están viniendo incluso a vivir a El Salvador”, aseguró Bukele durante un evento en el que inauguró la ampliación del aeropuerto internacional a inicios de febrero.

El 20 de febrero, Bukele anunció en su cuenta de Twitter que había enviado a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas relacionadas con nuevas inversiones.

“Estoy enviando 52 reformas legales al Congreso para eliminar burocracia, crear incentivos fiscales, ciudadanía a cambio de inversiones, nuevas leyes de valores, contratos de estabilidad”, escribió el mandatario. Sin embargo, la Asamblea Legislativa aún no ha aprobado las reformas, a pesar de que Nuevas Ideas, el partido del mandatario, tiene amplia mayoría.

Esa falta de aprobación del marco jurídico que regulará la emisión y venta de los bonos puede generar incertidumbre a los posibles inversionistas, considera Ricardo Castaneda, economista y coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

“No está claro si se va a crear una especie de bolsa de valores en El Salvador donde se emitirían estos bonos o en qué otro país se va a hacer”, dijo Castaneda a CNN.

Primera emisión de bonos en bitcoin

La emisión de bonos en bitcoin que prepara el gobierno de El Salvador es la primera que se lleva a cabo, pero cumplirá con lo necesario para garantizar la seguridad de los inversionistas, sostienen las autoridades.

“Hay que cumplir con toda la normativa de emisión de títulos valores, de un bono soberano; hay verificación de los flujos de efectivo de los compradores de los bonos porque tampoco puedo yo venderle mi bono soberano a alguien que está en una actividad ilícita”, explicó el titular de Hacienda durante una entrevista con un medio salvadoreño.

Los bonos en bitcoin podrían abrirle un nuevo camino de financiamiento a El Salvador o complicarle mucho más el panorama si fracasa su venta, sostiene Castaneda.

“Si la demanda de esos bonos duplica o triplica la oferta de los mismos, será una forma de medir su efectividad. Es decir, si la emisión va a ser de 1.000 millones, debería de haber por lo menos dos mil o tres mil millones de personas que estuvieran dispuestos a comprarlos”, opina Castaneda.

Para este economista si ese escenario se cumpliera, demostraría que El Salvador ha encontrado una fuente de financiamiento alternativa a los organismos multilaterales. “De lo contrario, tendría que descartar esa opción y se encenderían las alertas rojas de un posible impago, ya que este año y el siguiente el país debe amortizar préstamos internacionales”, advierte Castaneda.

Actualmente, el gobierno de El Salvador también negocia con el Fondo Monetario Internacional un préstamo por US$ 1.000 millones, sin que hasta ahora haya acuerdo para el desembolso.

De hecho, el FMI considera que el uso del bitcoin como moneda de curso legal implica "grandes riesgos" debido a su alta volatilidad, por lo que sugiere "limitar el alcance de la ley" y "urge" fortalecer la regulación y supervisión del sistema de pagos. El gobierno de El Salvador dijo no estar de acuerdo con esta apreciación.

En un informe de noviembre de 2021 el organismo multilateral advirtió al gobierno sobre el posible crecimiento de la deuda pública superior al 95% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2026 debido a la “ausencia de medidas decisivas de política económica para corregir los desequilibrios fiscales y aliviar estas limitantes al crecimiento”.