A través del secretario, Antony Blinken,  el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por los hechos de violencia en El Salvador y la aprobación e implementación de la reforma al Código Penal por la Asamblea Legislativa el 5 de abril, que criminaliza la cobertura periodística sobre ciertas actividades de pandillas.

De acuerdo a los estadounidenses, esta ley podría facilitar intentos de censurar a los medios de comunicación, evitar que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y silenciar a críticos del gobierno salvadoreño.

Señalaron que los periodistas deben tener libertad para llevar adelante su labor sin temor a violencia, amenazas o detención injusta.

Destacaron que siguen apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas. Desde 2008, y que han invertido USD 411 millones para mejorar la seguridad ciudadana y ayudar al gobierno salvadoreño a combatir la violencia por parte de pandillas.

Manifestaron su “profunda consternación por el aumento de la violencia y los homicidios perpetrados por las pandillas MS-13 y Barrio 18 en El Salvador el 25, 26 y 27 de marzo”.

Aseveraron que “Ahora más que nunca, resulta esencial que se extradite a los líderes de pandillas para que sean juzgados en Estados Unidos”.

Por su parte el presidente, Nayib Bukele no tardó en responder el “pronunciamiento” de los gringos.

“Tengo un amigo periodista, quiere acceder a Guantánamo para ejercer sus derechos de “libertad de prensa”, y comprobar si los detenidos han disfrutado de sus “libertades civiles” y de un “debido proceso”.

Tienes terroristas que te amenazan y nosotros tenemos terroristas que nos amenazan”, escribió el mandatario.