Con 64 votos, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, la cual tiene por objeto establecer un marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles que sean necesarias, debido al incremento de la población privada de libertad.

La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
“Ningún gobierno ni ningún presidente había tenido el valor de enfrentar a las pandillas, y ninguna asamblea había acompañado al presidente con la gobernabilidad necesaria”, sostuvo el funcionario.

La cantidad de presos ha aumentado desde la implementación del régimen de excepción, el cual ha brindado facultades a las instituciones de seguridad para perseguir con más eficacia a los delincuentes.

“Desde hace 24 días reivindicamos que aquí y ahora hacemos una lucha frontal contra los terroristas que antes, avalados por grupos políticos, hacían lo que querían en nuestro país”, manifestó el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch.

De acuerdo a los datos publicados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en los últimos 24 días, el régimen de excepción ha permitirdo detener a 13,573 miembros de estructuras terroristas responsables de perpetrar homicidios en el país.

La normativa aprobada permitirá que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectúe los estudios pertinentes para la identificación de inmuebles que puedan ser utilizados para la construcción de centros penales.

“Nosotros, los que estamos del lado de los buenos salvadoreños, sabemos que la gente quiere a los pandilleros en las cárceles y que no vuelvan a ver la luz del sol”, aseveró el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

Su compañero de bancada, José Urbina, aseguró que es preferible construir más centros penales que más tumbas para enterrar a los salvadoreños honrados que pierden sus vidas a manos de los terroristas.

Las nuevas cárceles serán administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que efectuará la distribución de reos en los diferentes penales.

Tanto el MOP como las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los centros penitenciarios contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios.

Asimismo, gozarán de la exención, durante el tiempo en que realicen sus operaciones, de impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios, utensilios y demás necesarios para la planificación, diseño y construcción de los centros penales.

Además, tendrán la exención total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces, por la adquisición de aquellos a ser utilizados para el cumplimiento del objeto de la ley.

En la normativa queda establecido que la exención de impuestos no será extensiva a bienes para el consumo o de uso personal de directivos, socios o personal de las empresas, familiares o empresas relacionadas y bienes del activo corriente (recursos necesarios para llevar a cabo las actividades diarias de la empresa).

Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) efectuará auditorías respecto a las acciones derivadas de la planificación, diseño y construcción de las obras.

“Venimos de un sistema carcelario en el que penales como el de Ciudad Barrios eran hospedajes, las mujeres de los terroristas se quedaban desde los miércoles y salían hasta el domingo sin ninguna restricción […] Se evidenció la introducción de ilícitos como celulares, plasmas y otras comodidades que le pagaba la población a los asesinos de sus familiares”, señaló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.

El diputado explicó que antes del régimen de excepción había 13,762 internos en los centros penitenciarios; actualmente esta población ha crecido el doble, lo que refleja la necesidad de construir más cárceles para su custodia y para protección de la población.

“Nos respalda la certeza de que afuera se están salvando vidas, y las extorsiones y otros delitos disminuyen”, destacó Navarro.