El abogado René Gustavo Escobar Álvarez es el nuevo representante de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de ser elegido por 67 diputados de la Asamblea Legislativa para un periodo de tres años.
Este funcionario de segundo grado fue elegido por los parlamentarios de una manera nominal y pública y para asignarlo solo se requería de al menos 56 votos, de acuerdo a lo establecido por la ley.
Escobar Álvarez suplirá a la abogada Miriam Aldana Revelo, quien estuvo al frente de la PGR al ser elegida por la anterior legislación. Ella finaliza sus funciones el próximo 1 de mayo, por lo que con la elección de hoy los nuevos diputados cumplieron con los plazos establecidos para esta asignación.
“Hemos sido responsables con los salvadoreños y hemos elegido de una manera correcta, transparente, en tiempo y en forma al nuevo procurador”, comentó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
El profesional en Ciencias Jurídicas elegido, es un abogado y notario que posee una amplia formación por más de 12 años en la escuela de capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
Además, se desempeñó en la PGR de noviembre de 2005 hasta febrero de 2017. En ese tiempo laboró como auxiliar jurídico en la Unidad de Familia, como defensor público especializado en niñez y adolescencia y de familia. Se ha desarrollado en el área del Derecho Procesal Civil y Mercantil, de Procedimientos Administrativos, Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y derecho penal.
También fungió como miembro del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia.
Como Escobar Álvarez, 17 abogados más se postularon y presentaron sus credenciales ante los diputados de la Comisión Política, quienes entrevistaron a cada uno de ellos para conocer sobre sus capacidades e intereses para dirigir la PGR.
Entre las principales funciones que tendrá como nuevo procurador general de la República será el de velar por la defensa de la familia y por los intereses de menores y demás incapaces, dar asistencia en casos de violencia contra la mujer, brindar ayuda legal a personas de escasos recursos económicos y representarlos en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales.
