La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua calificó la gestión ambiental del Gobierno como "equivocada".

La Alianza reclamó al presidente el incumplimiento de las promesas hechas en el Plan Cuscatlán, entre estas:

-El reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento.

-Modelo urbano hídricamente sostenible.

-Promover a nivel regional medidas legislativas y de otra naturaleza para el manejo compartido de las cuencas transfronterizas.

-Procurar la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad, obra o proyecto de impacto ambiental, local o nacional.

Ante esta situación, una de las principales demandas planteada por las organizaciones es que el gobierno se comprometa con los bienes naturales y con la población salvadoreña, que sea garante del acceso al derecho humano al agua y la alimentación.