El Ejército y la Marina Armada han sido dos instituciones contratadas por el gobierno mexicano y en específico por Pemex para intentar combatir el robo el combustible de los ductos que atraviesan todo el país. Al menos desde 2013 la Secretaría de la Defensa Nacional fue contratada por la empresa productiva del estado para labores de seguridad y vigilancia; lo mismo la Secretaría de Marina desde el 2014.

Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su estrategia para combatir el huachicoleo, el denominado “Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex”, en donde el uso de las fuerzas armadas es uno de sus ejes principales.

Según el gobierno federal los castrenses controlarán al menos 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluyen refinerías, terminales de almacenamiento y despacho y plantas de rebombeo.

Sin embargo, durante los años que el Ejército y la Marina han vigilado los ductos, el número de tomas clandestinas ha ido en aumento, pasando de dos mil 612 en el año 2013 a más de 12 mil 581 en 2018.

Para obtener los servicios de la Semar y de la Sedena, Petróleos Mexicanos ha tenido que desembolsar más de un mil 69 millones 836 mil 353 pesos anuales (60 millones de dólares aproximadamente) además de otros gastos que debe de hacer para acondicionar instalaciones en donde laboran soldados y navales.

El costo de la seguridad

A cambio de mil 583 soldados repartidos en diferentes partes de México Pemex pagó en el 2017 más de 852 millones de pesos (47 millones de dólares aproximadamente). De los cuales casi la tercera partes están destinados al estado de Veracruz, una de las principales entidades en cuanto a robo de combustible.

Los términos concretos del “Convenio General de Colaboración Sedena-Pemex” son imposibles de conocer para la ciudadanía, pues fueron declarados como reservados en agosto 2016 por el Comité de Transparencia de la Defensa Nacional por motivos de seguridad.

Sin embargo se sabe que los servicios brindados por el Ejército a la petrolera son “de seguridad y patrullaje”.

Por su parte la Semar obtiene cada año cerca de 217 millones de pesos (13 millones de dólares aproximadamente) “por tareas de vigilancia en instalaciones de Petróleos Mexicanos”.

En el Convenio de Colaboración Semar-Pemex 2014-2018 se marcan algunas “cuotas de aprovechamiento” en donde establecen montos de 818 pesos diarios por cada elemento de la Marina que realiza servicios de vigilancia o de patrullaje en instalaciones de Pemex.

Además se establecen cuotas por otros servicios que Pemex puede solicitar a la Armada, tales como transporte de personal en diversos tipos de buques, helicópteros y unidades terrestres.

Pemex también debe contratar seguros de vida para los marinos que se encuentren comisionados a las tareas de vigilancia y seguridad de las instalaciones estratégicas de la petrolera. Así como proporcionar alojamiento adecuado y mobiliario para dormitorios, comedores, cocinas y baños.

Pero no sólo la Marina y el Ejército vigilan las instalaciones. También está la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), que es un área interna de Pemex, la cual hasta hace poco estuvo a cargo del General brigadier D.E.M. Eduardo León Trauwitz, egresado del Colegio Militar.

Los integrantes de la SSE pueden utilizar armas largas gracias a los permisos de portación, tramitados por la empresa productiva del estado sin embargo las especificaciones de dichos permisos y de las armas que se utilizan es considerada información reservada por motivos de seguridad.

Vivir en tierra de huachicoleros

El camino que lleva a la comunidad El Mango, en el municipio de Tierra Blanca es tierroso, el polvo se mete por las fosas nasales y el calor supera los 32 grados centígrados. Allí es fácil encontrar hombres con uniforme de camuflaje verde olivo y botas, son soldados que vigilan una estación de rebombeo y varios kilómetros de ductos de Pemex.

Ante la presencia de vehículos extraños realizan algunas revisiones, no permiten fotografías ni videos y tratan de guarecerse del sol bajo techos de palma o una pequeña construcción vieja de material.

Pero ni ellos, ni los empleados Salvaguardia Estratégica que deambulan en camionetas por la zona, pudieron evitar que el 13 de mayo del 2017 cuatro personas, entre ellas dos niños, murieran a causa de una explosión en una toma clandestina. Viajaban en un vehículo particular y el combustible regado fue lo que provocó el accidente.

Moisés Martínez Contreras, hijo de Martín Martínez Moguel —uno de los cuatro que murió en aquella explosión— recibió del gobierno de Veracruz cuatro ataúdes, café y pan para velar a su familia. No más.

Él dice sentir miedo por las tomas clandestinas que hay a lo largo del camino que debe andar diariamente, esas en las que sus seres queridos murieron calcinados y donde entre la caña y la tierra barrosa destacan cuatro cruces de hierro.

“Ya vive uno traumado, pero a dónde va a ir uno, si aquí es donde yo nací y aquí crecí…Por otro lado, no puedo ir a otro lado…viviendo con el temor de que vivimos al pie de los ductos, pero ya no nos queda de otra más que aguantar”, dijo Moisés.

La zozobra en la que vive Moisés es similar a la de cientos de pobladores en los municipios de Veracruz, uno de los estados donde se han encontrado el mayor número de tomas clandestinas en México, mil 338 hasta octubre del 2018.

El ducto que sale de la refinería desde Minatitlán llega a Tierra Blanca y de ahí toma rumbo hacia la zona centro, donde algunos municipios hacen frontera con el estado de Puebla, número uno en robo de combustible, principalmente en el llamado Triángulo Rojo.

Municipios como Omealca, Ixtaczoquitlán y Cuichapa encabezan la lista de aseguramientos en el centro del estado de Veracruz. Ahí la gente mira con desconfianza a los fuereños que circulan por los caminos rurales, poco les dirige la palabra y si se pregunta por la situación de seguridad simplemente cambian el tema.

El huachicol sigue un camino de ductos, retenes militares, carros calcinados e imágenes de la Virgen de Guadalupe por zonas preponderantemente rurales. Sin embargo, también se infiltra en las ciudades, puntos de venta surgen en colonias populares de las periferias.

Los huachicoleros adoptaron estrategias similares al del tráfico de drogas para transportar la gasolina sin ser detectados. Aunque algunos siguen utilizando pipas robadas, otros optan por el camuflaje.

Un tanque cuadrado de gran volumen es colocado en la parte trasera de los camiones, posteriormente es cubierto por la fruta o con arena de construcción para que no sea detectada en las inspecciones carreteras.

En Tetelzingo, una comunidad de Coscomatepec, esa es la forma en que se vende el combustible robado. Desde la parte trasera de camionetas de redilas surgen unas gruesas mangueras con las que se rellenan recipientes más pequeños. El producto se ofrece a pie de carretera a la espera de compradores.

En otro pueblo, cerca de Xalapa —capital del estado—, todos los habitantes saben quién es el que vende gasolina en el patio trasero de su hogar. Diez pesos por litro es el precio que fija el despachador, uno muy por debajo de los aproximadamente 19 pesos que vale en cualquier gasolinera.

“En mi rancho se vende (huachicol) como si fuera queso”, relata una habitante.

En la ciudad de Veracruz son casas de interés social las que generalmente se usan como puntos clandestinos de venta. Los lugares asegurados por la PGR actualmente se encuentran abandonados, sin embargo, en su interior aún hay algunos tambos vacíos.

Los huachicoleros de Pemex

Una de las mayores dificultades para combatir el robo de combustible es que los huachicoleros operan desde el interior de Pemex. Son empleados de confianza o sindicalizados coludidos con la delincuencia organizada.

El propio presidente de México reconoció la participación de trabajadores de la petrolera en el robo de combustible y por ello lanzó su plan del uso del Ejército y la Marina.

“No se trata de la simple ordeña de ductos, sino de un esquema de robo y de distribución de combustible de gran escala”, declaró Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte la Procuraduría General de la República ya tenía conocimiento de esta situación desde tiempo atrás y así lo demuestran sus manuales de capacitación para combatir dicho delito.

Los empleados de Pemex se han coludido con el crimen organizado y les han enseñado las técnicas necesarias para “ordeñar”, así lo confirmaron fuentes de seguridad y ex trabajadores de la empresa, que fueron consultados por este medio.

“Las instituciones son incapaces de controlar este grave flagelo. Aún reunidos todos los aparatos gubernamentales, no logran detener el caos emanado de la corrupción que desafortunadamente atañe principalmente a Pemex”, señala un documento interno de la PGR.

En total a nivel nacional, entre 2006 y 2017, se han detectado 156 trabajadores y 22 ex trabajadores de Pemex involucrados con los huachicoleros, es decir la mayoría se encontraban en activo.

A nivel nacional Veracruz ocupa el primer lugar de huachicoleros de Pemex, entre 2006 y 2017 fueron señalados 35 trabajadores y un ex trabajador y durante el mes de marzo del 2018, Pemex y la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunciaron en una comunicación oficial, que se encontraba investigando a ocho trabajadores más de la empresa.

El conocimiento que tienen los trabajadores de Pemex sobre cómo funcionan los ductos es de alto valor. Eso permite instalar las válvulas clandestinas y extraer el combustible.

Mario Díaz Ortega, representante de la Coordinadora por la Defensa de Pemex (CDP), ex empleado de la empresa y disidente del sindicato, dijo que es necesaria información desde el interior para llevar a cabo la ordeña.

Añadió que un incentivo para ser huachicolero es el dinero, otro podría ser preservar la vida.

“Es lógico que haya trabajadores inmiscuidos, porque aplican la misma idea que los huachicoleros. ¿Quieres plata o plomo? Es obvio que los trabajadores van a tener que optar por una opción, pues si se oponen, está en riesgo su vida”, explicó.

De acuerdo con una fuente consultada, que funge como operativo en las fuerzas de seguridad estatales, la demanda de la mano de obra especializada ha ido al alza en los últimos años y con ello el costo por el servicio de los expertos.

Hace diez años la colocación de una toma clandestina costaba alrededor de 40 mil pesos, hoy en día el costo asciende a más de 300 mil pesos, más una renta mensual por su uso, de acuerdo con el testimonio anónimo de una fuente de seguridad.

De acuerdo con el Convenio de Colaboración Semar-Pemex, firmado en 2014, los navales pueden realizar detenciones de huachicoleros, incluso cuando estos pertenezcan a Pemex, sin embargo ello no ha logrado disminuir la participación de los especialistas en este delito.

“En caso de detectar en flagrancia a personas realizando actividades delictivas que atenten contra las instalaciones, derechos de vía y el personal, podrán detenerlas, aún siendo personal empleado de Pemex”, señala el documento.

Ahora a la Sedena se le darán nuevas y mayores atribuciones para monitorear el abastecimiento y el reparto de combustible, inspeccionar las pipas y otros vehículos que entran y salen de las instalaciones, con la esperanza de finalmente erradicar el huachicol.

Este reportaje fue realizado para AVC Noticias en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS