Los tablones de origen ilegal de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia son incorporados en el mercado internacional con documentos oficiales que casi nunca son verificados. Las mafias ahora están detrás de nuevas especies forestales, pero los gobiernos no hacen nada para protegerlas.
Alertados por el ingreso de extraños que extraían ilegalmente los árboles más longevos de su territorio, en agosto de este año, los miembros de la comunidad indígena Shawi, en la zona nororiental de la Amazonía de Perú, convocaron a una asamblea para decidir qué acciones tomarían contra este grupo de taladores que estaba utilizando la única vía que conecta a la comunidad con el distrito más cercano, Balsapuerto. Los traficantes usaban la trocha para sacar en enormes camiones los troncos de los árboles cortados, y a su paso, las enormes llantas y pesado cargamento destruía la vía. Los shawi decidieron instalar un punto de control y frenar con ello el tránsito de estos camiones. Hicieron lo que hace tiempo el Estado peruano no logra hacer: controlar las rutas del tráfico de madera. Lo que siguió fue una historia violenta de amenazas contra sus principales dirigentes.
No fue la primera vez que traficantes amenazaban a líderes indígenas. En setiembre del 2014 una de estas amenazas se cumplió. Un grupo de taladores ilegales asesinó a Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Saweto, ubicada en Ucayali, cerca a la frontera con Brasil. Chota era presidente de la comunidad y hacía más de doce años que venía denunciando el tráfico de madera en sus territorios, sin que las autoridades iniciaran una investigación seria. A cuatro años de este crimen, la justicia de Perú no ha logrado condenar a los asesinos, ni mejorar la seguridad de otros líderes amenazados, ni reducir la extracción de árboles en bosques prohibidos que luego acabarán siendo parte de ese millonario y sofisticado negocio del tráfico global de madera en el mundo.
Los cálculos del Programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señalan que este ilícito negocio supera los 50 mil millones de dólares y pueden representar el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo. #MaderaSucia, es una investigación -liderada por Ojo-Publico.com y Mongabay Latam, en alianza con un equipo de reporteros y medios de Colombia (Semana, El Espectador), Bolivia (El Deber), México (Connectas) e Infoamazonía (Brasil)- que analiza la situación actual del mercado de la madera amazónica y los mecanismos que utilizan las mafias para lavar los productos de origen ilegal con el fin de incorporarlos a la cadena de comercio global.
Los papeles falsos de la selva
El sistema que permite la “legalización” de la madera extraída de bosques prohibidos para luego ser comercializada y exportada se repite en todos los países amazónicos. Los documentos oficiales -que no cuentan con procesos de verificación en campo por parte de las autoridades de cada país- están permitiendo desde hace años un sistema impune de saqueo de los recursos forestales de la Amazonía latinoamericana. Los destinos más frecuentes de esta madera son Estados Unidos y China.
n todos los casos reportados y entrevistas realizadas para esta serie investigativa las autoridades confirman que el método que más usan las mafias madereras es la declaración de información falsa en documentos oficiales. Es decir, en la mayoría de casos, la madera de origen ilegal se vende con papeles que dicen que esos árboles salieron de una zona autorizado, cuando en realidad fueron extraídas de áreas naturales protegidas o tierras indígenas.
Los ejemplos más recurrentes se encuentran en Perú, país que después de Brasil, exporta más madera al mundo. Durante los últimos años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) ha identificado planes forestales aprobados por los gobiernos regionales que sostienen tener un número determinado de una especie de árboles en tasas científicamente imposibles. Otros, declaran tener árboles en los cauces del río o en coordenadas equivocadas.
Las autoridades de Bolivia reconocen una situación similar: los traficantes de madera adulteran los Certificados Forestales de Origen (CFO) para incorporar cargamentos ilegales y comercializarlos.
La historia se repite, aunque en menor escala, en Colombia. Como señalan los reportajes de Semana y El Espectador, el 47% de la madera que se vende en este país es ilegal, según los cálculos del Ministerio del Ambiente. La investigación revela que el negocio de la madera de origen ilegal puede movilizar 750 millones de dólares al año, casi la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico.
En Brasil, una investigación de Greenpeace detalla cómo se inventa información en los papeles que certifican el origen de la cotizada madera Ipe. El sistema es el mismo. Los madereros las declaran en sus inventarios, pero en realidad no existen en el campo. Según esta organización, Estados Unidos es el país que más madera de tipo Ipe ha importado con documentos oficiales que tienen evidencias de haber “inflado” o mentido sobre el origen real de los árboles talados.
Solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, Osinfor identificó la extracción ilegal de 274 mil metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares, equivalente a la carga de 5 mil camiones.
Parte de la madera que durante los últimos años se extrajo de la Amazonía peruana, fue exportada hacia México, para desde allí se envía a EEUU. En el reportaje desarrollado por Connectas, se identifica a las 10 empresas que compraron la madera de origen ilegal de uno de los operativos más exitosos contra el tráfico impulsado por la Interpol y la fiscalía peruana. El análisis de la documentación revela que el 81% del total de madera que se comercializó había sido extraído de áreas prohibidas.
Todos los caminos conducen al Perú. En Colombia, Brasil y Ecuador los investigadores señalan que la madera extraída de sus territorios es enviada a la parte amazónica peruana, donde es lavada y comercializada. Para entender la magnitud del tráfico, miremos el número de personas procesadas por delitos vinculados a la tala ilegal. Una base de datos construida por Ojo-Publico.com como parte de esta investigación, determina que entre el 2009 y 2017, las fiscalías ambientales y juzgados en todo el país investigaron a casi 8 mil personas por casos relacionados al tráfico ilegal y extracción de madera.
Nuevas especies amenazadas
Ante los controles y protección de especies de alto valor comercial como la caoba y el cedro, el mercado ha comenzado a presionar otros árboles. Sobre los últimos años se ha incrementado, por ejemplo, la presión de extracción y exportación del Shihuahuaco. Un comité de científicos que analizó la densidad de esta especie sostuvo que si la presión sobre este árbol continúa, la especie podría estar atravesando sus últimos días.
La única forma de llevar un adecuado control sobre las especies de madera exportadas sería si las empresas detallaran siempre en el documentos de exportación el nombre correcto de la especie, pero eso no ocurre. Las aduanas no lo exigen y la gran mayoría de las empresas declara solo el volúmen, más no el nombre de la especie que exportan. Las pocas compañías que sí lo hacen, utilizan el nombre local que le dan al árbol, lo que dificulta incluso tener una muestra de las especies de madera exportadas. La incorporación de estos datos permitiría tener un control más eficaz de las especies exportadas.
En Perú hace doce años no se actualiza el listado de especies amenazadas. El lobby del sector maderero quedó en evidencia cuando se frenó el documento científico que recomendaba incorporar al shihuahuaco en entre las especies más amenazadas en los últimos años.
Deforestación
La tala ilegal en la Amazonía tiene de contexto el incremento permanente de áreas deforestadas. Pese a los esfuerzos, nadie detiene la destrucción de los bosques en manos de ganaderos, mineros ilegales, monocultivos y otras formas de agricultura. En Colombia, el 70% de la deforestación se concentra en la Amazonía y, desde la salida de las FARC, aumentó 44%. Los bosques de la zona de Quibdó, son los más afectados. La minería ilegal, como ocurre con la selva de Madre de Dios, en Perú, está devastando el ecosistema de esta región. En la Amazonía de Colombia, la deforestación en varios lugares tiene como actores armados, donde se mezclan los paras, disidentes de las Farc y corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.
En un breve artículo publicado en la revista Science Advances a finales de febrero de 2018 -y citado por El Espectador- el científico Lovejoy mencionaba que los bosques de la Amazonía estaban acercándose a un punto de no retorno. Sus cálculos sostienen que en los últimos 50 años toda la Amazonía -compartida por nueve países- ha perdido el 17% de la vegetación. Y advierte: si esta cifra alcanza el 20%, uno de los últimos pulmones verdes más importantes de la humanidad dejará de ser sostenible.
Las autoridades colombianas han reconocido que no podrá de cumplir su compromiso de alcanzar la deforestación cero el 2020. Incluso, los datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible sostienen que en este país la pérdida de bosque natural el 2020 crecerá 200%. En Perú, que también asumió el mismo compromiso, nadie ha dicho nada.
Estrategias dispares
Las acciones contra el tráfico de madera por parte de los países que comparten la Amazonía no son conjuntas. Salvo esporádicas intervenciones en las que participa la Interpol, los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador no tienen un plan integral y conjunto para enfrentar el tráfico global de madera amazónica y ponerle frenos a la depredación de ciertas especies.
En Ecuador, por ejemplo, como explica el informe de la Revista Vistazo, el año pasado declararon en veda por 10 años la caoba o ahuano (Swietenia macrophylla). Pero eso no ocurre en Perú o Bolivia. Las acciones penales también son diferentes. Mientras que en Perú el tráfico de madera es un delito penado con cárcel, en Bolivia o Colombia son solo faltas administrativas. En el contexto aduanero ocurre un tema similar. Los papeles de exportación de madera no se encuentran estandarizados y cada exportador coloca voluntariamente el nombre de la madera que exporta. Usan las denominaciones locales y no el nombre de la especie, lo que dificulta conocer los volúmenes globales por tipo de árboles.
Con la publicación de la investigación transnacional #MaderaSucia iniciamos la primera de una serie de reportajes en los que se busca desentrañar el sistema que permite el saqueo impune de los árboles de nuestra Amazonía, pero también el imparable incremento de la demanda internacional a costa de la degradación ambiental y la violencia de las mafias.
La destacada científica y bióloga Hope Jahren explica las consecuencias de la imparable apetito humano por los recursos en “La memoria de los árboles”: “Nuestro mundo se está desmoronando en silencio. La civilización humana ha reducido las plantas – una forma de vida de 400 millones de años- a tres cosas: alimento, medicina y madera. En nuestra implacable y cada vez más intensa obsesión por obtener más volumen, potencia y variedad de esas tres cosas, hemos devastado los sistemas ecológicos vegetales hasta un extremo que millones de años de desastres naturales no pudieron alcanzar. Si continuamos talando árboles sanos a este ritmo, en menos de 600 años habrá quedado reducido a un tocón el último árbol del planeta”.
CRÉDITOS
Coordinación y edición general
Nelly Luna Amancio
Editora Mongabay Latam
Alexa Vélez
Equipo de investigación y análisis de datos
Leslie Moreno (OjoPúblico), Vanessa Romo (Mongabay Latam), Miriam Jemio (Mongabay Latam/OjoPúblico), Jaime Florez (Semana), Sergio Silva y Helena Calle (El Espectador), Elizabeth Ortiz Tapia y Priscilla Hernández (Connectas) y María Belen Arroyo (Revista Vistazo).
