La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) publicó hoy un estudio llamado "El Salvador. Año Político", un documento de tres capítulos, uno de los cuales está dedicado al tema de la seguridad.

El documento destaca que con la existencia de un comisionado para la Seguridad, del Consejo Salvadoreño para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, el gabinete de Seguridad y la misma Presidencia de la República existe una autoridad dispersa y falta de liderazgo en el combate a la delincuencia.

Rafael Molina, uno de los investigadores del estudio, señaló que el cambio en la operatividad de la policía, como lo denominan algunos funcionarios, sería en realidad una política de choque que busca enfrentamientos directos y armados con las pandillas.

Es en este contexto que FUSADES señala que "La estrategia utilizada por el gobierno y un débil control civil sobre los militares, podría representar la violación de los derechos humanos o bien, si el experimento funciona, provocaría un respaldo mayor de la ciudadanía a las tareas de la Fuerza Armada en Seguridad Pública y el retorno a las políticas de Mano Dura".

Poder político de las pandillas

Uno de los puntos más delicados que señala el estudio es que señala que las pandillas están usando su capacidad para elevar o disminuir la cantidad de homicidios para ejercer influencia política.

FUSADES señala que cuando las pandillas emiten un comunicado haciendo cualquier demanda, siempre hay también una referencia u ofrecimiento de reducir el promedio diario de homicidios.

Según FUSADES esto demuestra que las pandillas están plenamente conscientes de su influencia política y están tratando de sacarle provecho.