La nueva Asamblea determinó que las resoluciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional son prueba suficientes de su incapacidad para ejercer el cargo, pues estas resoluciones habrían violado varios principios Constitucionales, como el de anteponer cualquier otro derecho al derecho de la vida.

Esta propuesta pasó con dispensa de trámites y con una rápida modificación de agenda, además el pleno también determinó limitar el número de intervención en relación directamente proporcional al número de diputados de cada grupo parlamentario.

El decreto que se aprobó también señala que los magistrados han estado favoreciendo intereses políticos, lo que se evidenciaría en sus resoluciones, en el tiempo en que son emitidas y en el sentido que se emiten los fallos.

Todo los demás partidos señalan que se está violando la Constitución, bajo diferentes argumentos, principalmente porque se les está acusando, pero no han sido vencidos en juicio. 

El partido ARENA, el partido Nuestro Tiempo y el FMLN señalan que la destitución, a pesar de ser una facultad constitucional de la Asamblea, estaría convirtiéndose en un golpe de Estado.

De momento no hay información sobre las decisión que se tomaría al quedar sin magistrados la Sala de lo Constitucional, pero la aritmética legislativa permitiría también una rápida elección de nuevos magistrados.