Juan Carlos Guzmán Berdugo, de 51 años y suegro del expresidente prófugo Mauricio Funes, será extraditado de Costa Rica el próximo martes para que responda por la acusación de lavar más de $500,000 que le formula la Fiscalía General, informaron abogados ligados al proceso.
Cuando Guzmán Berdugo sea traído al país será puesto a las órdenes del juzgado Octavo de Instrucción por decisión de la Cámara Primero de lo Penal que admitió la petición del Séptimo de Instrucción de no seguir conociendo del caso.
El referido juzgado se excusó de seguir conociendo el caso conocido como “Saqueo Público” porque ya había condenado a la expresentadora de televisión Regina Cañas conocida como Tía Bubú, a través de un procedimiento abreviado.
Cañas fue condenada a tres años de prisión al confesar que encubrió el lavado de $95,000 que Funes le había entregado al hijo de ambos para que los invirtiera en el negocio de compra venta de vehículos, dinero que provenía de las arcas de la Presidencia de la República.
Sin embargo, el juzgado Séptimo de Instrucción le cambió los años de prisión por trabajos de utilidad comunitaria con relación a su área profesional.
Guzmán Berdugo, quien fue capturado el 1 de abril de 2019 cuando viajaba a Panamá, es acusado junto a su esposa, Ada Luz de Guzmán, de lavar $351,530 de fondos provenientes de la Presidencia de la República en la gestión de Funes, según la fiscalía.
Después de ser presentado ante el juzgado que lo reclama para que le notifique de la acusación, Guzmán Berdugo tendría que ser llevado a un centro penal en espera de la audiencia preliminar, dijeron abogados ligados al proceso.
La orden de captura contra Guzmán Berdugo y su esposa fue emitida en junio de 2018 por el juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
Los esposos Guzmán Sigüenza utilizaron el dinero público para comprar vehículos, pagar créditos y viajes al extranjero, entre otros, según la acusación fiscal.
Las autoridades fiscales y judiciales salvadoreñas iniciaron el proceso de extradición desde el momento de su captura, pero fue aceptado por Costa Rica en noviembre de 2019.
