A lo largo de la sesión, el exfuncionario evadió responder a los legisladores si durante su mandato recibió cheques a su nombre y que el dinero procediera de los gastos reservados de la Presidencia.
El expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani, quien gobernó El Salvador entre 1989 y 1994, fue el primer exfuncionario en ser interpelado por la Comisión Especial que fue creada por la Asamblea Legislativa para investigar la entrega de sobresueldos, con fondos provenientes de Casa Presidencial, en los gobiernos anteriores.
A lo largo de la sesión, el exfuncionario evadió responder a los legisladores si durante su mandato recibió del Ministerio de Hacienda cheques a su nombre, cuyo dinero procediera de los gastos reservados de la Presidencia. Tampoco pudo negar que se les haya entregado sobresueldos a sus funcionarios.
Tras la insistencia de los diputados, quienes le mostraron documentos que revelan que, entre enero y mayo de 1994, el Ministerio de Hacienda le entregó cheques a su nombre por 37,182,630.00 colones ($4,262,063.07), Cristiani admitió que sí los recibió. Pero matizó que los fondos no eran para uso personal, sino para para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y para la administración de Casa Presidencial. También aseguró que sirvieron para financiar las gestiones realizadas por la comitiva gubernamental para el proceso de los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, cuando la mesa legislativa intentó ahondar sobre qué otro destino se le dio a los recursos, el expresidente se contradijo al responder que la ley establece que no se puede revelar el uso que se le da a los gastos reservados.
“Lo que sí puedo garantizar es que todo lo que autoricé en mi gobierno para el uso de fondos fue lícito”, señaló Cristiani.
Por más de tres horas, el exgobernante se limitó a repetir que no hizo nada ilegal y que todas las autorizaciones de fondos que se hicieron en su administración fueron conforme a lo que establecían las leyes. Cuando los diputados le preguntaron a cuáles normativas hacía referencia para hacer un uso discrecional de los recursos, él no supo responder.
Investigaciones de diferentes instituciones y periodísticas indican que en el Gobierno de Cristiani la suma destinada para gastos secretos ascendía a 600 mil colones mensuales. Un monto que fue confirmado por el exgobernante ante la Comisión Especial.
El exmandatario, quien recibía un salario de 10 millones de colones, explicó que él era quien decidía sobre el uso de los gastos secretos; los fondos manejaba su secretario privado, Arturo Tona, y eran auditados por la Corte de Cuentas de la República.
El diputado William Soriano lo contradijo y le recordó que, según la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto, los gastos reservados estaban exentos de control y cómo era posible que el ente contralor los hubiera auditado.
Cristiani califica los sobresueldos como "una bonificación lícita"
Los diputados de la Comisión Especial le preguntaron al expresidente Cristiani si consideraba que el pago de sobresueldos era una práctica lícita. Él contestó que dependía de las circunstanciasen las que se entregaran y dejó entrever que un sobresueldo, para él, es equivalente a una bonificación que se le puede dar a un empleado por su buen rendimiento.
“En la empresa privada no es ilícito pagar (a un empleado) por alguna acción que haya tenido a favor de la empresa”, señaló el exfuncionario.
Cuando los diputados le insistieron en que si sus funcionarios recibieron sobresueldos, él no le negó y repitió que en su administración no se hizo nada que riñera con la ley.
El exmandatario le pidió a los legisladores que si tenían pruebas de él hubiera cometido actos de corrupción los presentaran ante las instancias correspondientes para que ahí se dilucidaran sus actuaciones.
El presidente de la Comisión Especial, Jorge Castro, le recordó que el Órgano Legislativo está facultado para nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de dichas comisiones, según el artículo 131, numeral 32, de la Constitución de la República.
El Centro de Pensamiento Global (CIDOB) ha documentado que, entre 1991 y 1993, el expresidente Cristiani puso en marcha un plan para privatizar la banca comercial, que había sido nacionalizada en 1980. En este proceso hubo graves acusaciones de corrupción contra él y varios de sus ministros.
Además, se le señaló de haber adquirido por medio de prestanombres el control del Banco Cuscatlán, segundo banco más grande durante el proceso de privatización.
Cristiani fue el primero de varios funcionarios que citará la Comisión Especial que se creó, la semana pasada, para indagar el pago de sobresueldos en los gobiernos pasados. Investigaciones preliminares indican que los exmandatarios de ARENA y del FMLM entregaron dinero, con fondos públicos, a funcionarios, personas naturales, jurídicas y periodistas con el fin de comprar voluntades mantener el control de los tres poderes del Estado
