El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de “Decreto transitorio y excepcional para que el Ministerio de Hacienda practique auditorías a la ejecución de los recursos transferidos a los gobiernos municipales de conformidad a lo dispuesto en el decreto legislativo 608”.

El objetivo del decreto es facultar al Ministerio de Hacienda, de forma transitorita, para que realice auditorías sobre los casi $200 millones otorgados mediante el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del País y que tenían como destino atender todo lo relacionado a la emergencia por Covid-19, así como desastres naturales.

“Nosotros, somos el ente encargado de realizar los pagos a los organismos multilaterales que prestaron ese dinero a El Salvador para atender la emergencia por Covid-19. Nosotros somos el ente garante de que estos fondos sean adecuadamente invertidos”, manifestó el ministro Zelaya.

El funcionario detalló que no se pretende usurpar a las funciones de la Corte de Cuentas de la República (CCR); sin embargo, es necesario actuar ante la pasividad que ha mostrado el ente contralor.

“Por eso es importante el artículo 1, que dice que se actuará sin perjuicio de las facultades de la Corte de Cuentas de la República y en lo establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República”, agregó.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, diputado Christian Guevara, expresó total respaldo a la iniciativa, agregando que se constituirá un equipo de trabajo para analizar lo más pronto posible la propuesta.

“El Ministerio de Hacienda tiene la competencia de supervisar e investigar y así se va a establecer. Ahora somos un sistema de instituciones que trabajan para combatir la corrupción”, agregó el legislador Guevara.

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda será el ente encargado de la ejecución de dicha auditoría, mediante la cual se pretende indagar cuál fue el destino de los fondos que fueron otorgados hace 11 meses y que hasta la fecha se desconoce en qué fueron utilizados.

Se otorgará un plazo máximo de 10 días hábiles para que las alcaldías hagan entrega de la información requerida y de ser necesario, la dirección en mención podrá emitir disposiciones administrativas.

En los casos en los que se encuentre algún tipo de irregularidad, se procederá a notificar a la Fiscalía General de la República (FGR), para determinar responsabilidades.

Para la ejecución de la auditoría, se hará una convocatoria y se reclutará a un aproximado de 300 jóvenes con al menos 4° año de universidad que ingresarán a un programa de formación de capital humano y serán compensados económicamente con lo que establece la ley.